Es triste ver cómo se impone la impunidad y el perdón a los responsables de hechos de corrupción que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas, en medio de la indiferencia de la mayoría de sectores y ciudadanos desinformados que, decepcionados de los políticos, poco les interesa el presente y el futuro del país.
Se evidencia mala actuación de ciertos jueces de diversos niveles, acusados de prevaricato. Unos con fallos que se han ido contra ley expresa, admitido por autoridades de la Función Judicial, pero que han sido protegidos, por acción u omisión, por quienes debieran ejercer el control administrativo y disciplinario en el cuestionado CNJ, en contraste con otros jueces que persiguen la corrupción y que son suspendidos.
Jueces que devuelven derechos políticos a condenados por cohecho, lo que contradice la norma constitucional. Atienden con acciones constitucionales de manera irregular. Otro juez sobresee a vinculados con la compra irregular de 7 helicópteros Druhv, de los cuales 4 se cayeron y dejaron 3 fallecidos. A los 3 aparatos restantes se les prohibió su operación por los riesgos que implicaba.
El fallo justifica el sobreseimiento con el argumento de que no hubo perjuicio económico porque el seguro devolvió más de la inversión. Precisamente al devolverlo el seguro reconoció las irregularidades y las fallas. Esta mala adquisición fue advertida por el ex comandante de la FAE, general Jorge Gabela, quien fuera amenazado y asesinado. Resulta que en este juicio todo esto fue un cuento, sólo se valoró el tema económico y no la pérdida de vidas humanas ni la caída de las aeronaves ni la mala adquisición de helicópteros en pésimo estado.
Esta es una muestra más que no funcionan a cabalidad las instituciones. Una justicia con jueces venales, no todos, que periódicamente pisotean la Constitución, los Códigos y las leyes, para beneficiar a delincuentes y a condenados por corrupción, en medio de la lenidad, lentitud y complicidad del órgano administrativo y disciplinario, con 3 de sus 5 miembros investigados y procesados penalmente por presuntas graves irregularidades y con pruebas de su injerencia en las tareas judiciales. Un delegado de la administración de justicia que debería avergonzar a esa función del Estado. En lugar de actuar diligentemente contra los jueces que denigran a la justicia, pretendieron suspender a la Fiscal, sin tener atribuciones para ello. Luego suspenden al juez, de manera irregular, que iba a notificar de la sentencia por corrupción en otro caso e iba a procesar a dos de sus miembros por presuntas irregularidades. Eso es obstruir a la justicia. En cambio no actúan con urgencia frente al juez, que está prófugo, que devolvió derechos políticos a un condenado por corrupción y que antes ya había dictado fallos cuestionados. Tampoco intervienen por la actuación del juez que sobresee en el caso de los Druhv, que antes había declarado la nulidad del proceso por las presuntas irregularidades en el caso del campo Singue. Estos hechos explican el porqué argumentan que ya falta poco, seguramente para lograr la total impunidad en otros casos de corrupción, a vista y paciencia del país. (O)