“La industria petrolera de Ecuador está atrapada en una espiral mortal de la que parece incapaz de recuperarse”. Ese es el dictamen de Oilprice.com en su edición de octubre 20. Esta publicación la consultan petroleras internacionales y llega a las pantallas de los tenedores de bonos.
El típico artículo de Oilprice versa en los éxitos de tal o cual país en aumentar su producción hidrocarburífera: “Argentina se consolida por fin como potencia petrolera sudamericana”; “Petrobras reactiva la producción de Tupi, reforzando la expansión petrolera marina de Brasil”, “Perú apuesta por Chevron y Riad para impulsar su futuro energético”, son titulares recientes.
El articulista se muestra perplejo que un país que gozaba de una robusta industria petrolera, con excelentes perspectivas de incrementar la producción para que genere más ingresos que le permitan elevar el nivel de vida de la población, la deje deteriorarse, al punto de estar por perderla y volverse país importador.
El articulista no entiende cómo puede un país perpetrar semejante despropósito a no ser que se trate de un Estado fallido. Explica la grave caída en la producción a “falta de inversión, la corrupción y la inseguridad … afectando gravemente las finanzas gubernamentales, contribuyendo a un creciente déficit fiscal y a un aumento sustancial de la deuda pública, lo que genera temores de insolvencia nacional”.
Reconoce que las autoridades tienen planes para reactivar la industria, pero “enfrentan considerables obstáculos, complicados aún más por el inminente cierre del bloque petrolero 43 en el Parque Nacional Yasuní”. En efecto, una de las principales causas de la espiral mortal de la industria petrolera es que la Corte Constitucional ha devenido en sucursal de AmazonWatch.
El artículo concluye en nota fatalista: “cada vez hay más evidencia de que esta iniciativa [de Noboa para revitalizar la industria petrolera] es insostenible y fracasará”.
Coincido en gran medida en el diagnóstico. Petroecuador acumula responsabilidades, pero no tiene capacidad operativa, hasta el último centavo va para cubrir el déficit fiscal y no para invertir. Fue un error no renovar con New Stratus la operación de los bloques de Repsol (decisión de Lasso), o con Pampa la operación del OCP (decisión de Noboa).
Pero no acepto la conclusión. Sí hay salida. Ya pasamos por esto por culpa de la Constitución de 1978, pero León Febres-Cordero reabrió el país a la inversión privada en petróleo. Hay que buscar de manera inmediata operadores para el OCP, los bloques Repsol, los numerosos campos a los que Petroecuador no se alcanza a atender por no ser prioritarios.
La tramitología tiene detenidos los proyectos de inversión de las operadoras privadas. Como si el tiempo perdido no le restase ingresos al fisco. Hay que aprobarlos ya. Y hay que comenzar con las licitaciones de los bloques Costa Afuera, Sacha e Intracampos III.
Que el Gobierno convoque el apoyo de la ciudadanía consciente, que no está dispuesta a que el país se hunda en aras de utopías bucólicas. Es necesario vía urgencia económica introducir los cambios legales para reabrir el país a la inversión privada en energía. No podemos esperar a tener una nueva Constitución. Ni a que se cumpla el presagio de Oilprice. (O)
