La jurisdicción es la potestad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta potestad la otorga la ley. Quienes la tienen son los jueces, nadie más. No la tienen el presidente, los asambleístas, alcaldes y mucho menos los concejales, tu amigo el abogado de la esquina, ni tu comadre la luchadora por los derechos sociales, ni los periodistas.

Muchos de los nombrados piensan que tienen esa potestad porque de acuerdo a su concepción de la libertad de expresión pueden decir lo que les dé la gana, prejuzgar y enviar a quien sea a la guillotina, para que este tipo de noticias se vuelva distracción para el populacho. Pero no es así, esta libertad no los vuelve jueces, además las decisiones judiciales deben basarse en derecho, valorando las pruebas que se practican en el juicio. Esto, aunque no les guste a los adalides anticorrupción, que pretenden mediatizar los casos que les interesa y ocultar los que no les conviene que se sepan. ¿O me dirán que solo quienes tienen abiertos procesos judiciales son corruptos?, pues no. En política a quienes les investigan son a los que abandonan, a los que ya no sirven para los planes de los grandes partidos, a los que se quedaron sin partida presupuestaria para la pauta. El periodismo debe ser objetivo, informar y permitir que los ciudadanos se formen su opinión. No debe estar lleno de un conglomerado de prejuiciosos, que porque han logrado captar cierta atención en las redes sociales creen que su opinión y preferencias deben imponerse incluso sobre la justicia. Esto debe parar. La libertad sin regulación se vuelve libertinaje y lo único que logra no es que se eliminen los tiranos, sino que aparezcan otros con nuevos métodos para coaccionar, y que aunque ahora son aplaudidos el tiempo los desenmascarará y se verán como lo que son, tiranos. Tiranos que cuentan chistes, hablan en doble sentido, que las amenazas ya nos las envían por medio de matones, sino disfrazadas de memes o bailecitos de TikTok. (O)

Francisco Andrés Ramírez Parrales, ingeniero, Samborondón