Tuvieron que pasar más de dos semanas para que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso encuentre en la cúpula de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana presidida por monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, al mediador indicado, sereno e iluminado por un Ser Superior, para que la asonada indígena repliegue y acepte más allá de sus pedidos –justos o no–, para que la calma y la paz retornen al país.

Actuando con sensatez se pudo llegar a un acuerdo que si bien no colmó las expectativas de los reclamantes, por lo menos en la mayoría de los puntos planteados tuvo aceptación, quedando otros temas para ser debatidos en el lapso de los próximos noventa días. Las pérdidas por la paralización de las actividades productivas superaron los $ 200 millones de las del levantamiento indigenista de octubre de 2019, incluyendo la pérdida de vidas humanas y la destrucción de calles y edificios públicos de Quito, así como de locales policiales en diferentes regiones del país. Bien ha dicho el presidente, que volcará su mirada a la ruralidad y el campesinado donde existe la mayor concentración de la pobreza, pero asimismo los residentes en la Amazonía demandan atención para sus regiones donde se explota desde los años 70 el petróleo, así como zonas destinadas para implementar la explotación de minas de oro y plata. Igual reclamación tienen los pueblos fronterizos. Es de esperarse que temas controversiales y de urgente atención gubernamental como salud, educación, agricultura, seguridad social, sean considerados en la agenda gubernamental. (O)

Francisco Medina Manrique, periodista, Guayaquil