Cuando veo las noticias de que ha disminuido la criminalidad, dudo si aquello es cierto o si simplemente, como ya no se pueden denunciar los actos delincuenciales, entonces no hay forma de medir su frecuencia. Es que los ciudadanos no tienen en dónde ni ante quién denunciar los ilícitos que los afectan.

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El domingo pasado, una señora intentó denunciar el robo de su vehículo acudiendo a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, ubicada en la avenida de las Américas en Guayaquil; y, aunque permaneció seis horas esperando, no fue atendida. Pero lo que más le afectó a esta ciudadana fue ver a otra mujer que, aunque permaneció ocho horas en ese mismo lugar, nadie la atendió; a pesar de que se encontraba ahí para denunciar la desaparición de su niña, nadie se compadeció de ella ni consideró que su caso era un asunto prioritario; solo recibió un mal trato que dista mucho de ser el que merecía.

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Hoy la persona afectada por el robo de su vehículo intentó nuevamente presentar su denuncia, pero esta vez en las oficinas de la Fiscalía Provincial, ubicada en la calle Víctor Manuel Rendón, pero las filas eran tan largas que no llegó siquiera a alcanzar un turno para poder hacerlo. Lo mismo le ocurrió a un señor de la tercera edad que no pudo presentar su denuncia de robo de dinero por cambiazo de su tarjeta en un cajero bancario automático, y hasta se cayó, lastimándose las piernas.

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Son muchos los casos y pareciera que a nadie le importa ni se les da solución. ¿Dónde queda la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de los ciudadanos, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, que proclama nuestra Constitución? ¿Dónde quedan los derechos de los ciudadanos a un trato humano y con respeto a su dignidad? ¿De qué derecho de defensa estamos hablando si los ciudadanos honestos ni siquiera pueden acceder a que se investigue el delito que los afecta? Hasta pareciera que los criminales nos superan y, solo cuando se los encara, entonces sí hay voces que se alzan para defenderlos de sus propias víctimas.

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La Fiscalía debe considerar que no solo los grandes casos son lo importante; también es necesario y urgente atender al ciudadano común, que así como paga impuestos y ayuda a que el aparato productivo siga funcionando, tiene derecho a acceder a un sistema de justicia óptimo que dé especial atención a los derechos de las víctimas y que respete sus derechos reconocidos en la Constitución de la República. (O)

Lelys González Montealegre, abogada, Guayaquil