La crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro país, con más de 30 % de desnutrición crónica infantil, alta incidencia de adolescentes embarazadas y jóvenes en abuso de drogas, se suma a los problemas de infraestructura de atención primaria y hospitalaria, falta de medicamentos e insumos médicos, represamientos de cirugías mayores en hospitales de tercer nivel.

Los problemas de exclusión y falta de acceso a servicios sanitarios de calidad, especialmente en áreas rurales y grupos etarios en condiciones de mayor vulnerabilidad, son desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, embarazos de adolescentes entre 10 y 19 años, consumo de drogas ilícitas en niños, jóvenes 7–25 años. Con niñez y adolescencia enferma, el país no tiene buen futuro, menos aún crecimiento económico.

La salud física y mental es condición fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo de un país. El Estado tiene la responsabilidad de promover la salud, la eliminación progresiva de las barreras que impiden la atención primaria, de especialidades, oportunas, así como el acceso a medicamentos e insumos eficaces. El Gobierno debe crear un plan estratégico de salud, construir hospitales y centros de atención primaria de salud, estimular el talento de médicos, enfermeros, tecnólogos, psicólogos, trabajadores sanitarios; buena remuneración, capacitación, calificación, empoderados con la comunidad.

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La pandemia de COVID–19, pone de manifiesto proteger a los profesionales de la salud y del ámbito asistencial, inversión en su formación, empleos, y alianzas público–privadas para ofrecer trabajo digno y bien remunerado. (O)

Jaime Galo Benites Solís, clínico intensivista, Guayaquil