Cito a José Joaquín de Olmedo: “La justicia también exige que los trabajos y costos de las mejoras particulares de cada territorio salgan de sus propios fondos, pues sería duro y violento obligar a los pueblos perjudicados a costear ventajas ajenas y a pagar su propio daño”.

Este sabio criterio debe ser una premisa para el Gobierno, antes de meterse a ofrecer financiamientos a los municipios que no han sabido utilizar sus ingentes recursos, como es el caso del de Quito con el metro, el sistema de agua potable, la recolección de basura, el tratamiento de las más de cien quebradas, etc. Ofreció cubrir el saldo del costo de la construcción del metro y asumir el déficit restante de su operación. Sin embargo, la Fiscalía de España acusó al consorcio de pagar soborno por el metro de Quito; esperamos aún todas las confesiones de Odebrecht sobre este mismo asunto, pues fue su contratista principal.

A Cuenca también ofreció el Gobierno asumir el déficit por la construcción del tranvía y cubrir el diferencial por su operación; vale preguntar al Gobierno ¿qué acciones ha tomado, qué resultados tiene?

Y Manabí y Esmeraldas exigen se hagan públicas las cuentas por los millones de dólares que aportó el pueblo ecuatoriano para paliar los efectos terribles del terremoto y que aún no han sido subsanados. Los recursos se usaron mal en otros fines.

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Por otra parte, es urgente que el Gobierno asuma sus responsabilidades y resuelva globalmente todos los problemas económicos, administrativos y de servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (O)

Alberto Bernal Lange, Quito