El proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, presentado en estos días por el asambleísta Luis Esteban Torres, ha llamado la atención del periodismo. Y qué bueno que sea así, para que se debata racionalmente la necesidad de mantener o no coartado el implícito derecho humano fundamental de todo individuo a preservar la vida propia, de su familia y de terceros, en situaciones de amenazas graves y sobre todo cuando el Estado ha fallado en su obligación de hacerlo frente al embate de la delincuencia dotada con armas de fuego; y la evidente impotencia estatal para desarmarla.

La iniciativa de Torres ha sido calificada por ciertos respetables comentaristas como parte de un baratillo de ofertas, desde su situación en la derecha más extrema, que no quiere contemplar el origen socioeconómico del problema de la delincuencia y que solo ve la solución en la aplicación de la fuerza entregando armas a los ciudadanos, lo cual conlleva el riesgo cierto –según ellos– de incrementar la violencia social y la intrafamiliar, sin resolver el problema. Palabras más, palabras menos.

El caso es que la ley aludida actualmente no prohíbe la tenencia o porte de armas para la defensa, derecho que solo está restringido por los estrictos requisitos de idoneidad. El expresidente Correa, contrariando la ley, vía acuerdo ministerial dispuso la suspensión de los permisos; posteriormente, el Gobierno actual ratificó la prohibición.

A nivel mundial existe polarización sobre la relación entre armas de fuego y violencia. De un lado, los que intentan argumentar que la posesión o el uso de armas en la ciudadanía inciden gravemente en los índices de violencia. En el otro extremo, hay estudios que sostienen que el porte de armas de un ciudadano contribuye a reducir la violencia, desde que actúa como factor disuasivo sobre los delincuentes. Esta segunda corriente, originaria de los autores John Lott y David Mustard, se basa en estudios que han demostrado que en países y regiones en donde está prohibida la tenencia y el porte de armas, los niveles de violencia criminal son mucho más altos que en los países en donde el porte está permitido. Las referencias a tales estudios están recogidas en una publicación de la Oficina contra la Droga y el Delito, de Naciones Unidas, titulada Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia. En la misma publicación se complementa a Lott y Mustard, señalando que en los periodos que siguen a las prohibiciones de armas de fuego, en efecto se reduce la violencia con armas de fuego, pero aumentan los niveles generales de violencia con otras armas. Eso es lo que ocurrió luego de la prohibición implantada por el correato y ratificada en este régimen. Además de que la fabricación artesanal de armas de fuego continuó, que también es origen de las armas de la delincuencia en este país; e incrementó el tráfico ilegal de armas importadas de alto calibre.

El debate del proyecto de Torres debe realizarse sin la influencia de ideologías ni hoplofobia. (O)