Una de las importantes ventajas de la dolarización es la de establecer una pared entre las finanzas públicas y las privadas, y el Gobierno puede traspasarla con el poder que le otorga el artículo 303 de la Constitución –como lo ha hecho Zimbabue, parcialmente desdolarizado– con malas consecuencias, ‘gracias’ a estar la dolarización erradamente bajo el control del Banco Central, como es nuestro caso.
En nuestro sistema monetario, el sector privado puede continuar prestando y pagando con una moneda estable aun si el Gobierno incurre en default; en consecuencia, no creo que un acuerdo entre el Gobierno y los tenedores de bonos sea necesario en lo absoluto para proteger la dolarización, pero sí la afecta por nuestra falta de liquidez y deudas gubernamentales con instituciones como IESS y Biess, entre otras; pues tal egreso en una contracción económica arrastrada desde hace mucho tiempo, nos coloca en una situación de dependencia de endeudamientos, que es una forma disfrazada de emisión monetaria inorgánica, razón de ser del sistema de cambio fijo vigente desde hace veinte años eliminando esa función del Banco Central. (O)
Miguel Ángel Farra Negrete, Guayaquil