Como no se había visto en décadas, el movimiento de los agricultores españoles, que trascenderá a toda Europa, se robustece y radicaliza, previéndose que culminará paralizando toda España como consecuencia de las protestas campesinas que han agitado caminos y plazas en las principales ciudades y comenzaron a manifestarse en los terminales portuarios, todo por alcanzar la comprensión de la sociedad, de los sectores productivos y de las cadenas agroalimentarias, en la urgencia de que se reconozcan mejores precios por sus cosechas, frenando transacciones por debajo de su costo.

Los argumentos que se esgrimen se sustentan en las normas emitidas por los órganos legislativos y ejecutivos de la Unión Europea, aprobadas democráticamente y con carácter vinculante para todos sus miembros, obligados a incorporarlas con fidelidad en sus respectivas legislaciones, conforme lo establece la Directiva 2019/633 de 17 de abril de 2019, que condena las prácticas comerciales desleales como el pago atrasado a los agricultores, que son los operadores más débiles de la línea de suministro de alimentos, vulnerables a las conductas deshonestas empleadas por otros elementos de la cadena, careciendo además de fuerza y poder de negociación, sin que exista forma alternativa para llegar directamente a los consumidores.

La acción reivindicadora campesina tiene un decidor antecedente: haber conseguido la promulgación de un Real Decreto ley de cadenas agroalimentarias, el 2 de agosto de 2013, mientras ejercía la presidencia del gobierno español Mariano Rajoy, quien tuvo la apertura suficiente, siendo derechista, para entender la justicia de las tesis de los gremios agrícolas; sin embargo, no fue suficiente para apaciguar los reclamos porque continúa el desequilibrado trato a los campesinos reflejado en los bajos precios, muy distantes de lo que pagan los consumidores, distorsión acentuada en las últimas semanas. Esa ley se fortalece ahora con la incorporación de una modificación a través del reciente Real Decreto de 26 de febrero pasado, que prohíbe y sanciona fuertemente pagos inferiores a los costos de producción, elemento novedoso que no tiene parangón.

Estas decisiones, producto de la voluntad política del Estado español, compartidas por líderes de corrientes ideológicas opuestas, demuestran el alto y unitario reconocimiento a la labor de los agricultores como artífices de la provisión alimentaria en un país desarrollado y en la Unión Europea, socia comercial de Ecuador, que han admitido la vigencia de un régimen común que prioriza el bienestar de los campesinos, acudiendo a todos los medios posibles, incluyendo grandes subsidios, en aras de la rentabilidad que debe distinguir a las explotaciones agrarias, asignando un significativo apoyo estatal y privado a la investigación e innovación tecnológica, aceptando las particularidades en que se desenvuelven los procesos agroalimentarios y agroindustriales, en todas sus fases, por los enormes riesgos climáticos, fluctuaciones del mercado, no siempre libre sino controlado por fuerzas extrañas a las operaciones del sector, obligando a aplicar esquemas de ayuda y compensación no usuales en Latinoamérica, aun cuando priman en ella idénticos desencantos. (O)