En un reciente informe denominado “Previsiones Mundiales de Petróleo 2019”, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) asegura que la demanda mundial de crudo ascenderá hasta el año 2040, donde llegará a su pico más alto. Precisamente se indica que “para el año 2040 el petróleo será el mayor componente del consumo mundial de energía, representando más del 28 %” y en particular, se espera que la demanda de petróleo fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) crezca en 21,4 millones de barriles diarios entre 2018 y 2040.

Asimismo, la organización ha destacado que en el mismo periodo se espera que la demanda global de gas aumente en un 35 %, convirtiendo de esta forma al gas natural en la segunda mayor fuente de energía, representando el 25 % de todos los recursos energéticos primarios en 2040.

Con este panorama para los próximos 20 años, es necesario preguntarnos como país qué estamos haciendo para participar en este aumento de demanda de recursos naturales que significarían importantes y necesarios recursos económicos.

Múltiples analistas petroleros aseguran que las reservas petroleras del país son grandes pero que nada se está haciendo. Por ejemplo, el suroriente ecuatoriano es zona virgen de explotación petrolera y se estima que podrían extraerse cerca de ocho mil millones de barriles en ese sector. Actualmente las reservas no superan los cinco mil millones de barriles.

En relación al gas natural, es indispensable que Ecuador explore el mar por este importante recurso. Perú y Colombia ya empezaron y están generando importantes ingresos.

Estas propuestas chocan, en primer lugar, con ideas equívocas de algunos grupos ambientalistas. Lo cierto es que ya existen las herramientas y la tecnología suficiente para garantizar una extracción responsable con el medioambiente. El Estado debe exigirlas. Aquí no las tenemos porque la petrolera estatal no ha renovado lo que fue puesto por empresas privadas en las décadas de los años 60 y 70.

El segundo aspecto puede ser las consecuencias a las comunidades cercanas a los lugares de explotación de recursos. Lo que se necesita mejorar es el marco legal para que una parte de los ingresos de la extracción vaya a las comunidades cercanas para que exista inversión local en vialidad, salud, educación, vivienda, etcétera. Por ejemplo, la Secretaría Técnica Amazónica debe mejorar su transparencia y capacidad para usar los recursos en beneficio de las comunidades.

Finalmente, hay que responder cómo hacerlo. Muchos creerían que estos proyectos representarían un enorme gasto público, pero esas son ideas propias del correísmo. Lo cierto es que la empresa privada quiere invertir en el país pero necesita seguridad jurídica. Una herramienta importante sería el contrato de participación, mediante el cual una compañía explora el terreno/mar y si encuentra recursos, se les paga con una parte de la producción y se ajustan beneficios para ellos y para el Estado ecuatoriano.

Nos pueden quedar 20 años o menos. No perdamos el tiempo. (O)