No es un rumor. Es un grito, ya imposible de ahogar.

Desde entidades públicas se reclama abiertamente, en términos inusuales, la falta de transferencias, lo que hace suponer que el pedido por las vías normales no ha funcionado.

Y, en las calles, el grito se multiplica y llega a niveles de ira –el caso de las pensiones en mora de los militares retirados jubilados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y decenas más– que puede transformarse en violencia.

El Gobierno central, con su Cuenta Única del Tesoro Nacional, es el principal captador de recursos en el Ecuador –una especie de aspiradora al interior del país– y debería ser un pagador que se esfuerce por pagar, además de transparentar a quienes les debe. En los hechos, es el mayor incumplido en pagos y en información.

Y al no cumplir el Gobierno con las transferencias, traslada el comportamiento moroso y de desinformación a las entidades que no reciben las transferencias, para impactar a los que esperan pagos de estas, desde proveedores hasta trabajadores, empleados y jubilados.

El infernal encadenamiento

Si los impactados por la mora del Gobierno y/o de otras entidades del sector público son empresas proveedoras, estas –a su vez– no tendrán capacidad de pago para quienes les proveen de materia prima o de bienes intermedios, ni para sueldos y pensiones jubilares patronales, porque además tienen que privilegiar a los acreedores públicos, SRI, por IVA y retenciones, sobre todo, y al IESS, que pueden caerles con coactiva y órdenes de retención en cuentas bancarias.

Cuando se produce la orden de retención, como se notifica a todos los bancos, si la orden es por $10 000 y la empresa tiene cuenta en cuatro bancos, a cada uno le llega la notificación, con lo cual se le retiene $40 000; y, hasta que se cancele los $10 000 sigue vigente la retención por $ 40 000.

En el caso del IESS, si en este se da atención médica a un afiliado al que el empleador no ha podido pagarle los aportes, el IESS le cobra al empleador el costo de esa atención médica, aun cuando luego se haya pagado –y con intereses de mora– los valores atrasados de aportes.

El no pago oportuno del sector público es aliciente para la corrupción. Ni facturar se puede mientras no hay autorización para hacerlo. La desesperación para poder facturar y luego cobrar empuja a buscar intermediarios, ¿solo el intermediario cobra comisión?

Sufrir las consecuencias de la mora del sector público es vivir en un infierno.

No se paga, porque no se puede

Esta puede ser la respuesta del Gobierno a lo señalado en líneas anteriores.

Es cierto que de no haber liquidez no es posible pagar lo que se debe, pero como las prelaciones del Gobierno para las transferencias no son de público conocimiento, existe el riesgo de privilegios políticos o de otros compromisos, para esa prelación de hecho.

Pero, sí se pueden hacer algunas cosas:

Reconocer las deudas que existen. Son algunos cientos de millones de dólares –puede pasar de mil millones– no contabilizados como deuda interna, por estar en procesos de verificación de meses y años. Debe fijarse un tope de tiempo –por ejemplo, 31 de julio de 2020– para que se admitan los valores de deuda, o se rechacen; y, se lleve a mediación o a juicio, aquello no conciliable. Ahí se aproximará el monto de la deuda interna declarada y contabilizada a la realidad de la deuda.

Reformar la norma para que la sola facturación no cause IVA, obligación actual que explica por qué no se facturan acreencias.

Autorizar la cesión de facturas que deban las entidades del sector público.

Suspender el inicio de procesos de coactiva, si quien es notificado con un título que pueda dar lugar a esta, o se anticipa ante ese riesgo, evidencia que tiene facturas por cobrar al Estado por un valor superior al monto de lo que pueda ser motivo de la coactiva.

Publicar un plan de prelación para pagos, así como el avance de su ejecución y/o los motivos para su justificación.

La deuda de la transparencia

El riesgo país está en niveles elevados, el martes 4 de febrero registró 1096 puntos. En América del Sur, solo Venezuela tiene mayor riesgo país. Argentina tiene menos que el Ecuador, pero no con mucha distancia. Todos los otros países están muy por debajo. Hay circunstancias externas, precio del petróleo, afectación de exportaciones a China, pero también incertidumbre de que se puedan cumplir las condicionalidades del FMI, percepción de deuda pública por encima de lo que se publicita y falta de confianza, que han llevado a que el presidente Moreno esté en niveles muy bajos de aceptación.

Creo que el FMI no va a asfixiar al Ecuador, pero el gobierno de Moreno debe pagar la deuda de la transparencia, que no se debe pensar que se lo hace con solo publicidad y propaganda, porque su abuso puede tener el efecto contrario.

Moreno ha hecho un esfuerzo para cumplir con el respeto a las libertades, se le reconoce que lo ha hecho. De lo que se conoce, no se han dado las trafasías del correato, que llevaron al Ecuador a la cuasi quiebra.

Pero, en lo financiero, los incumplimientos y la falta de transparencia pueden generar percepciones que lo condenen a ser arrastrado por lo que heredó y no ha tenido un equipo que lo evidencie, más allá de fraseologías, ni un plan de salida de esa herencia. (O)