Los cambios en la geopolítica latinoamericana son evidentes, luego de quince años de dominio del socialismo siglo XXI, pues por vías democráticas las derechas han tomado renovados bríos. Macri en Argentina, Piñera en Chile y Bolsonaro en Brasil son buena muestra de los nuevos vientos y tendencias regionales. Mucha tinta se ha desparramado en el análisis del cómo gobiernos autodenominados de izquierda nos mostraron que podían ser tanto o más autoritarios y corruptos que las más recalcitrantes derechas. En materia de derechos fundamentales la restricción de libertades individuales fue pan de todos los días, al punto de que en Ecuador, por ejemplo, en los últimos siete años del correísmo se cuadriplicó el número de personas privadas de libertad. De algo más de nueve mil presos se elevó la población carcelaria a los más de treinta y seis mil personas que actualmente se encuentran en nuestras hacinadas cárceles.

Estas cifras, incompatibles con cualquier régimen que se califique de democrático, nos muestran una faceta de nuestra izquierda que a muchos nos cuesta reconocer. El punitivismo tan propio de las derechas autoritarias de los ochenta y noventa, se reeditó en pleno siglo XXI y bajo regímenes que se preciaban de socialistas. Incluso, y en honor a la verdad, debe decirse que lo hicieron con más entusiasmo y parte de la obra pública, de la que tanto se preciaban, estaba compuesta por cárceles nuevas, jaulas por estrenar que no demoraron en llenar. Nuestro sistema carcelario tiene una capacidad instalada de veinte y cinco mil reclusos y como ya se señaló anteriormente, alberga actualmente a treinta y seis mil personas, es decir, casi a un cincuenta por ciento más de sus posibilidades, con lo cual nuestros mal llamados centros de rehabilitación se han convertido en auténticas bombas de tiempo que pueden explotar en cualquier momento. La ya de por sí difícil interactuación entre los privados de libertad, se torna mucho más crítica, con factores como la sobrepoblación y el hacinamiento. Las posibilidades de ser víctima de un ataque dentro de un centro carcelario se multiplica exponencialmente, a la vez que los ínfimos servicios con los que cuentan los reclusos se precarizan en la misma proporción.

De las políticas regresivas en derechos implementadas por el correísmo, sin duda el abuso del sistema punitivo ha sido el menos criticado, lo cual se explica por la mezcla de ignorancia y prejuicio con que se analiza el problema de la seguridad ciudadana. Jamás se lo hace a base de datos o estadísticas fiables, se parte de una fotografía, un video o cualquier cosa que mueva los instintos más bajos de un populacho sediento de sangre y carente en absoluto de conceptos. “Es que usted no sabe lo que vivimos nosotros” es bastante frecuente escuchar entre quienes piensan que la posición de los defensores de derechos y garantías es meramente conceptual y abstracta. Cuando las neuronas entran en modo relajación se puede leer cosas como “¿y si fuera usted o su familia las víctimas de estos actos de violencia?”, como si el desarrollo del derecho en los últimos dos milenios no hubiera servido para superar la venganza privada. Toda víctima de delito es padre, madre, hermano o hija de alguien. Es justamente el desarrollo de la ciencia jurídica lo que nos permite una convivencia civilizada y solucionar estos problemas en sede judicial y no a cuchilladas.

¿Por qué entonces tenemos a tantos defensores de la libertad, reivindicando las políticas más represivas imaginables? Varias son las razones, la primera y sin que me quepa la menor duda, es la falta de coherencia conceptual. En Latinoamérica la mayoría de liberales lo son solo en lo económico y comercial, pero en materia de libertades individuales no son más que curuchupas disfrazados. Defenderían con su vida tratados de libre comercio, pero se atoran con una hostia al momento de debatir sobre matrimonio igualitario o despenalización del aborto. Obviamente el tema de la seguridad ciudadana les genera reacciones que van desde la urticaria al sarpullido, las soluciones que se les ocurre son tan inteligentes que pasan por el incremento de tipos penales y de penas en los ya existentes, hasta armar a la ciudadanía.

¿En qué momento aparecieron estos pequeños Bolsonaros Estos defensores de la represión estatal y del punitivismo penal? Esta gente, pobre en su mayoría, que ha aprendido tan eficientemente a odiar a los estratos más subalternos de la sociedad, sin reparar que sus hijos son parte de esa masa proclive a ser alcanzada por el poder punitivo. En este punto hay que reconocer la eficiencia de una estructura publicitaria que vende la inseguridad y el miedo como supuestas realidades y de aquellos políticos que se trepan en semejante discurso para vender bálsamos mágicos. Si no pregunten a Lobo en Honduras que llegó con su propuesta de pena de muerte o a Keiko Fujimori o Iván Espinel que hicieron de esta misma propuesta su programa político. (O)