Aunque la condena al vicepresidente constituye un hito en lo jurídico y en lo político, de ese acto se desprenden más dudas que certezas. En primer lugar, llama la atención que, por primera vez en más de diez años, la justicia se haya ocupado de un caso de corrupción y, sobre todo, que actuara sin interferencias. Hasta ahora, la norma imperante en los tribunales era soslayar esos temas, especialmente si se consideraba que podrían afectar a funcionarios gubernamentales. Por ello, porque el sistema de justicia era la pieza clave para asegurar la impunidad, surge la pregunta sobre las causas que llevaron al fiscal y a los jueces a romper con esa práctica. Es una pregunta necesaria, porque las respuestas ayudarán a comprender el contexto político y judicial.

Una posible explicación puede encontrarse en la ausencia del poderoso personaje que dictaba las pautas y controlaba a los funcionarios. Para muchos de ellos, la desaparición de ese factor puede ser la oportunidad para recuperar los principios del Derecho, como seguramente en algún momento fue su vocación. Para otros simplemente puede ser la ocasión para asegurar su carrera sin depender de las intromisiones políticas.

Una explicación menos optimista sostendría que la actuación de todas esas personas se debería a la contundencia de las evidencias aportadas por Brasil y Estados Unidos. Las declaraciones de los imputados son prácticamente inapelables, porque de su veracidad depende la reducción de sus condenas. Por su parte, el seguimiento de la ruta del dinero es una de las medidas más eficientes para identificar las redes que tejen internacionalmente las mafias hasta llegar a los paraísos fiscales. En síntesis, las delaciones y el rastreo del dinero ofrecen tanta evidencia que encierran a la justicia ecuatoriana en márgenes muy estrechos, con mínimo espacio para moverse. Por tanto, el acusador y los jueces no habrían tenido otra opción que aceptar esas evidencias y aplicar lo que está previsto en las leyes. Si fuera así, no habría motivos para alegrarse porque lo actuado no sería el resultado de la recuperación de la autonomía de los órganos de justicia.

Posiblemente el cambio se deba a una combinación de esos dos factores. A estos se añadiría la incidencia de la acusación particular a cargo de César Montúfar, que constituye también un cambio, pero en este caso en la actuación de la ciudadanía. Su decisión de participar activamente, a pesar de los riesgos, expresa un compromiso democrático que no solamente servirá de ejemplo para ocasiones venideras, sino que debe haber pesado en el proceso judicial.

En lo político, la sentencia marcó el punto de no retorno del conflicto interno de la Revolución Ciudadana. Con ella se cerraron las posibilidades de lograr el reencuentro, porque para unos y otros, e incluso para muchas personas ajenas a las filas revolucionarias, fue un triunfo del grupo morenista. Pero el asunto no es tan sencillo, porque la condena a Glas abre una etapa llena de interrogantes, entre los que se destacan la selección de un vicepresidente y la reconfiguración de las bancadas legislativas. (O)