Todos los médicos ecuatorianos estamos expuestos a sufrir una persecución semejante a la que se ha encarnizado con el doctor Carlos López Ayala. Todos, excepto aquellos colegas que son familiares o amigos del Gobierno o de cualquier poder semejante en este país. Porque cuando hay intereses políticos o “razones de Estado”, nuestra justicia no hace justicia. La simula montando seudojuicios con mentiras y testimonios falsos, e inventando chivos expiatorios para satisfacer demandas que nada tienen que ver con la verdad ni con la ley. En el caso del doctor López, condenado a un año de cárcel y detenido en plena campaña electoral, él es “culpable” de haber cometido un acto médico, ético, oportuno, valiente, técnicamente apropiado y científicamente sustentado. Su “delito” es haber prestado atención médica inmediata a la ciudadana francesa Charlotte Mazoyer en el año 2009, quien falleció después de cinco horas de cirugía por un disparo que desgarró su corazón, pulmón derecho, hígado, peritoneo e intestinos. Charlotte murió a causa de una bala asesina, y no por demora o negativa del doctor Carlos López ni de la Clínica Pichincha para prestarle atención.

Es absolutamente falso que haya existido demora o negativa en la atención del médico, o que la clínica difirió la atención hasta que alguien presentara una tarjeta de crédito. En cambio, es verdad que el primer hospital público de Quito, adonde Charlotte fue llevada en primera instancia, no tenía en ese momento las condiciones técnicas para asumir un caso de esa gravedad, y por eso la derivaron a la clínica; el Estado ecuatoriano –por tanto– no tenía la estructura de salud para ocuparse de un trauma de esa naturaleza; el Estado ecuatoriano y su gobierno jamás reconocerán públicamente sus limitaciones para brindar atención en salud o en seguridad; los asesinos fueron oportunamente detenidos, juzgados y encarcelados; aquello no bastó al padre de la víctima, un médico francés especialista en emergencias, quien ha intentado explicar su pérdida buscando responsables médicos, lo cual es psicológicamente comprensible y ocurre en Quito, en París y en todo lado; entonces él acudió a otras instancias, con cabildeo de alto nivel, para que el Gobierno francés exhortara al Gobierno ecuatoriano con el fin de condenar a algún médico; condenar a Carlos López es un “asunto de Estado” con jueces designados a dedo; esto no tiene nada que ver con la medicina o la justicia, sino con la política. Finalmente, es verdad que en estos casos, las posibilidades de supervivencia son inferiores al 5 por ciento en los mejores centros de trauma de Houston, París o donde sea.

“El Estado contra Carlos López”: la actuación del Estado ecuatoriano para ocultar sus carencias y cumplir compromisos erigiendo a Carlos López en chivo expiatorio, mediante un proceso viciado de falsedad, ignorancia y mala fe, es clínicamente perversa. Merece el repudio de todo el pueblo ecuatoriano y la protesta sostenida de todos los médicos. Pedimos a la Corte Nacional de Justicia la revisión del caso y su rectificación. Si es necesario, acudiremos a todas las instancias internacionales para denunciar esta persecución que concilia los compromisos y conveniencias del Estado. No toleraremos que se criminalice a un colega inocente de conducta ejemplar. (O)