Recién llegado desde La Habana a Caracas, Nicolás Maduro anunció a todo gañote y como una gran hazaña un aumento de 30% del salario mínimo para julio, en un país que en 2014 acumuló 64,7% de inflación y que ya habría sobrepasado los tres dígitos en lo que va de este año, según alertan economistas independientes. Hace meses el Banco Central de Venezuela se niega a divulgar ciertos números, como el índice de escasez por ejemplo, para evitar que sean “utilizados políticamente” en contra del Gobierno. Ese 30% no es una mala noticia en sí misma, aunque resulte irrisorio si se hace el odioso ejercicio de traducirlo en dólares a las múltiples tasas de cambio que regulan el valor del bolívar: representa 1.117 dólares cambiados a 6,30 bolívares por dólar, una ficción si se considera que esta tasa solo aplica para la importación de todas esas medicinas y alimentos que cada vez escasean más en los anaqueles.
Equivale a 618 dólares si se toma la segunda referencia oficial de 12 bolívares por dólar, que aún regula el cambio para los viajeros, aunque a la mayoría les rechacen las solicitudes de divisas en los bancos oficiales. Cae a 37 dólares si se calcula según el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), y se diluye a unos 26 dólares si se emplea la fluctuación del cambio en el mercado negro.
Más allá de las cifras, ese incremento expresa la firme intención que parece tener ese bonachón presidente obrero que asumió las riendas de la revolución bolivariana, bendecido por Hugo Chávez, de burlarse de la profesionalidad y aplastar a la clase media con políticas macroeconómicas que castigan la iniciativa de producir cualquier activo, sea capital, conocimiento o innovación.
Los médicos que trabajan para el sistema de salud público, y que esperan discutir con el Ejecutivo un nuevo contrato colectivo desde hace 12 años, no solo quedaron fuera de este bondadoso aumento, sino que percibirán un sueldo menor a partir de julio del que recibirá el personal de limpieza de cualquier hospital. Los maestros y profesores universitarios también quedaron excluidos del beneficio, a pesar de que acumulan semanas de discusiones sobre el impacto que tendrá en sus estudiantes la eventual convocatoria de un paro nacional para presionar a Maduro y a sus ministros para que se sienten a negociar aumentos honrados para el segundo semestre de este año. Los militares, en cambio, salieron premiados una vez más: este 30% se suma al 75% que recibieron el año pasado.
Tampoco se ocupa ningún vocero, ni del Gobierno ni de la oposición, de revisar las distorsiones que el mercado laboral venezolano está registrando según las propias estadísticas oficiales: los trabajadores independientes crecen y se vuelven la segunda fuerza laboral del país con 4,1 millones de personas, detrás de los 5 millones que emplea ese sector privado al que Maduro le achaca la guerra económica, el déficit de electricidad que le llevó a reducir la jornada de la administración pública hasta la 1:00 de la tarde, y hasta de la ola de calor que se ensaña con los países del Caribe por estos días.
En vista de que ser asalariado de una empresa o una institución del Estado no alcanza para llegar a fin de mes, de los 13 millones de personas con capacidad para trabajar en Venezuela, más de 5 millones se aventuran a vivir en la informalidad, especialmente si resulta más rentable hacer cuatro horas de cola en un supermercado del Estado y revender alimentos a precios regulados por tres y cuatro veces más a quienes sí deben cumplir horario de oficina y llegan a las colas demasiado tarde para conseguir papel higiénico o un kilo de carne.
A pesar de que Maduro aprobó una Ley para la Juventud Productiva a través del poder habilitante que le dio la Asamblea Nacional el año pasado, la tasa de desempleo entre muchachos de 15 a 24 años de edad duplica la media nacional.
Más de 7 millones no trabajan porque no quieren o no pueden: estudian, prefieren ocuparse de labores domésticas o presentan discapacidades.
Se relanzan “planes socialistas” para que las industrias básicas venezolanas que explotan y procesan la inmensa riqueza mineral del país regresen a su era dorada de productividad, sin reconocer que la entrega del control de estas compañías a sus trabajadores por orden de Chávez solo generó redes de corrupción y opacidad que sirvieron para dilapidar, una vez más, los recursos del Estado.
Y la oposición ni se entera. No propone alternativas ni supera la barrera de los 140 caracteres que le impone Twitter para poner en evidencia el desastre administrativo de la revolución como patrono. Negociar las candidaturas a las parlamentarias por consenso y primarias es una tarea ardua, sin duda. Menos mal que en medio de la ausencia de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, Venezuela queda en manos de un presidente obrero. (O)
A pesar de que Maduro aprobó una Ley para la Juventud Productiva a través del poder habilitante que le dio la Asamblea Nacional el año pasado, la tasa de desempleo entre muchachos de 15 a 24 años de edad duplica la media nacional.
