Hace varias semanas el gobierno venezolano sembró tarantines rojos en las esquinas de pueblos y ciudades en Venezuela, apertrechados con cornetas que disparan la voz de Hugo Chávez mientras canta el himno nacional o recita eslóganes de campañas pasadas, para llamar a la gente a respaldar con su firma la consigna “Obama, deroga el decreto ya”.

Funcionarios de ministerios, maestros de escuelas públicas, médicos que laboran en hospitales del Estado. Todo el que trabaja para la burocracia venezolana recibió un cuadernillo para suscribir la solicitud, obligados además a recoger las rúbricas de otros colegas, familiares y todo aquel que ayudara a alcanzar los diez millones de firmas que Nicolás Maduro ofreció presentarle a Barack Obama en la VII Cumbre de las Américas en Panamá.

Corrieron rumores de que los funcionarios activos serían despedidos si no firmaban; y si lo hacían, que se olvidaran de entrar a Estados Unidos. Por ahí algún diputado oficialista avistó una oportunidad de anotarse puntos con los jefes y propuso que se reformara el código penal para condenar con 30 años de prisión a todo el que incurra en “traición a la patria”. Son traidores los que no firman, por ejemplo. No lo son los que han desfalcado al Estado venezolano desde PDVSA o vía control de cambio y que hoy tienen fortunas en bancos en Andorra. Esos ni siquiera existen para el discurso oficial.

Maduro tenía previsto llegar a Panamá blindado por el rechazo regional a la “injerencia” en la que habría incurrido Washington al sancionar a cinco militares, un policía y una fiscal del Ministerio Público venezolano, sobre los que nadie ha explicado cómo es que tienen bienes susceptibles de ser congelados en Estados Unidos si viven en un país con acceso restringido a las divisas.

Lo que sí constituye una amenaza a la soberanía venezolana es que por primera vez en medio siglo Estados Unidos asuma posición frente al litigio entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo y apoye a Georgetown en su pretensión de explotar petróleo en el bloque Stabroek, frente a las costas de la Zona en Reclamación, que incluso compromete la plataforma continental del estado Delta Amacuro, la frontera más oriental del territorio venezolano.

Al interpretar la disputa sobre el Esequibo como un odioso residuo del colonialismo y no como una reivindicación histórica prioritaria para la soberanía venezolana, Chávez sembró la semilla de la agria cosecha que recoge hoy Maduro: ni todo el crudo a precio preferencial que Venezuela ha proporcionado a Petrocaribe durante la última década sirvió para disuadir a Caricom de refrendar su apoyo a Georgetown, menos aún cuando la Casa Blanca le ofrece a los países del Caribe, por primera vez y en plena temporada de caída de los precios del crudo, ayuda para garantizar la seguridad energética de la zona junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Y aunque Unasur se mostró solidaria con la propaganda venezolana, la relación con los vecinos es tensa: Maduro tiene deudas pendientes en dólares con empresas y gobiernos de casi todos los países que asistirán a Panamá, impagables en este momento con un barril a menos de 50 dólares; además de los cuestionamientos al Estado de derecho en Venezuela levantados por líderes internacionales a la detención de Leopoldo López, Antonio Ledezma, y los estudiantes apresados durante manifestaciones contra el Gobierno.

Entretanto, Raúl Castro llegará a Panamá como el héroe de la revolución cubana que logró hacer reconocer a Washington que la política del embargo fue un fracaso, sin mostrar aún visos de que la apertura económica promoverá una flexibilización progresiva del control sobre la disidencia y los actores políticos que emerjan de la prosperidad.

Castro se tomará fotos con un Obama que le agradecerá haber obtenido un trofeo histórico para su política exterior; y con un Maduro compensado por el aporte de más de tres millones de firmas a la petición de derogatoria del decreto estadounidense y de toda la asesoría que pueda obtener para “sobrevivir” a las embestidas del imperio. Estados Unidos sabrá premiar las infidencias que los altos mandos del gobierno cubano dejen colar en las reuniones con funcionarios del Departamento de Estado con respecto a las finanzas venezolanas, las tensiones entre civiles y militares en Caracas, o detalles sobre cómo opera el tráfico de drogas en el norte de América del Sur. Al final del día, la escasez, la violencia y la impunidad seguirán siendo las verdaderas amenazas al bienestar de los venezolanos. (O)

Son traidores los que no firman, por ejemplo. No lo son los que han desfalcado al Estado venezolano desde PDVSA o vía control de cambio y que hoy tienen fortunas en bancos en Andorra. Esos ni siquiera existen para el discurso oficial.