Agotada, abrumada, confundida. Así quedó una amiga después de hacer siete horas de cola para comprar dos paquetes de café, dos desodorantes, dos frascos de leche y un trozo de queso mozarela en un supermercado subsidiado por el Estado venezolano en Caracas.
No le sorprendió que para comprar comida la gente se apertreche con sillas plegables y estrategias sofisticadas para incrementar sus posibilidades de conseguir productos a precios regulados. Su favorita, por cierto, fue la de ir con toda la familia para que uno haga la cola del pollo, otro la de la carne, otro la del jabón para lavar, y otro más la fila para pagar. Lo que llamó su atención esta vez fue el torrente de teorías conspirativas que fluyeron en aquellas colas, sin hacer mención alguna a la escasez que los mantuvo todas esas horas de pie, uno detrás del otro: que si Estados Unidos está a punto de invadir Venezuela, que si los gringos le hicieron un favor a Nicolás Maduro porque ahora nadie habla del dólar negro, que si bien hecho que a esos militares corruptos les quitaron lo que tenían en Estados Unidos, que si ahora hay que prepararse para salir a pelear cuando los marines lleguen.
De lejos se advierten varias apuestas tras las sanciones que Barack Obama acaba de aprobar contra funcionarios venezolanos por orden ejecutiva. A primera vista parece que la Casa Blanca aprovecha el momento de vacas flacas e índices de popularidad raquíticos de Maduro y su gabinete para asustar a los militares venezolanos, esos que no conforme con la violencia que se registró en el primer semestre del año pasado, hoy defienden que la solución es darle armas de fuego a los soldados para que contengan manifestaciones, aunque la Constitución lo prohíba expresamente y delegue el control del orden público a los cuerpos civiles de seguridad.
Pero resulta evidente que la “inusual y extraordinaria amenaza” contra Estados Unidos no es que Leopoldo López y Antonio Ledezma estén presos o que el periodismo independiente en Venezuela esté cercado. Lo que les preocupa y ocupa es el desmantelamiento de las redes de tráfico de drogas que dominan las fronteras, los puertos y aeropuertos venezolanos, todos controlados por militares; así como el lavado de dinero enmascarado en fachadas institucionales como Petróleos de Venezuela. No en vano estos funcionarios fueron incorporados a la “Lista de Ciudadanos Especialmente Designados”, en la que figuran organizaciones terroristas como Al Qaeda, así como personas y grupos vinculados al narcotráfico como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Aunque Obama nunca ha demostrado especial interés por América Latina, menos aún por Venezuela, este golpe de efecto le genera réditos internos: le arranca una bandera de lucha a los radicales republicanos hispanos, al tiempo que da respuesta a un Departamento de Estado que no puede garantizar la operatividad de su embajada en Caracas con un personal mermado por la expulsión decretada por Maduro, y un Departamento de Defensa inquieto frente a la posibilidad de que sea necesario desalojar a los casi 60 mil ciudadanos estadounidenses que viven en Venezuela en un escenario de sacudida social.
En el tablero regional, Obama apostó por la división y se llevó la mano completa. Desafió a una Unasur que acababa de marcharse del país después de ensayar atropelladamente nuevas conversaciones con el Gobierno y la oposición, y ofuscó a Maduro hasta el punto de que ventilara públicamente las diferencias que tiene con Uruguay, y que asomó cuando José Mujica hace unas semanas dijo que el golpe podría venir desde la izquierda. Esta imprudencia le costó la reunión que el bloque tenía previsto sostener la semana próxima para discutir la situación entre Caracas y Washington.
Dentro de Venezuela, los actores se reacomodan y buscan beneficiarse de la primera batalla que Obama le ofrece en bandeja a la épica revolucionaria. Seis de los siete sancionados esta semana son colaboradores cercanos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el primero que dio la cara en el país tras el anuncio de la Casa Blanca y de quien hasta el momento no han podido probar conexiones con negocios ilícitos, a pesar de que hace poco más de un mes la prensa internacional contaba la historia de un edecán de Hugo Chávez que se habría vendido a la DEA para entregar pruebas que demuestren los supuestos negocios ilícitos de Cabello.
El jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional aprovechó la arremetida para poner el pecho como el mandamás del Ejecutivo, aunque nominalmente solo sea diputado. Logró colocar a un militar de su confianza al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un nuevo bastión que respaldará la resolución que el Ministerio de Defensa divulgó hace algunas semanas para proponer el uso de armas de fuego en manos de militares para contener las protestas.
A Maduro también le dio un respiro. El país se prepara este sábado para presenciar un “ejercicio militar defensivo” que le dio nuevas municiones a la propaganda oficial para poner en mute la crisis económica y el prometido aumento de la gasolina, y compactar a su base electoral frente a las elecciones parlamentarias que el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, tuvo la cortesía de avisarnos que tendrán lugar en septiembre, aunque todos suponíamos que el portavoz de esa noticia sería el Consejo Nacional Electoral venezolano.
Una vez más, la oposición reaccionó tardíamente, sin un discurso homogéneo ni planteamientos alternativos a la retórica oficial. La decisión de elegir a parte de sus candidatos a las parlamentarias por consenso en lugar de llevar todas las postulaciones a primarias vuelve a levantar recelos entre los votantes. Ya se verá cuando lleguen las elecciones. Por ahora hay que rendir la quincena y cruzar los dedos a ver si mañana conseguimos harina pan para hacer arepas. (O)
Seis de los siete sancionados esta semana son colaboradores cercanos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el primero que dio la cara en el país tras el anuncio de la Casa Blanca y de quien hasta el momento no han podido probar conexiones con negocios ilícitos, a pesar de que hace poco más de un mes la prensa internacional contaba la historia de un edecán de Hugo Chávez que se habría vendido a la DEA para entregar pruebas que demuestren los supuestos negocios ilícitos de Cabello.
