Justo antes de sentarme a escribir esta columna repicó el teléfono. La llamada cambió mi ánimo, y sin proponérmelo mutó el enfoque de esta opinión. Pretendía ensayar un análisis sobre la última devaluación que anunciaron voceros del gabinete de Nicolás Maduro este martes. Un tema cansón de leer para cualquiera que no viva en bolívares y esté azorado por la incertidumbre de un control cambiario que tras 12 años en vigencia, logró someter a toda la economía al manejo político de las divisas generadas por Petróleos de Venezuela.

De pronto tuve la impresión de que esa cuenta no tenía sentido, aunque lo tiene sin duda alguna. Resulta fundamental comprender por qué en Venezuela es más barato importar que producir, o por qué Maduro apela al argumento liberal del costo de fabricar combustible y no a la necesidad social de eliminar ese subsidio cuando intenta justificar el aumento de la gasolina, una medida que fue anunciada hace más de un año. Pero es que mientras tecleo estas líneas, hay al menos una familia venezolana que negocia la entrega de una fortuna que no tiene a cambio de que el padre no sea asesinado.

La víctima fue capturada el fin de semana pasado y sus familiares no comen desde entonces. No han podido hablar con él, pero sus captores piden muchos millones de bolívares para devolverlo vivo, bajo la amenaza de que si la búsqueda del dinero se dilata “demasiado”, enviarán un dedo o una oreja como muestras de que siguen esperando. No hay policías de por medio; es preferible minimizar el riesgo de dar información a funcionarios que podrían estar implicados en el rapto. Las llamadas provienen de un celular que está dentro de una prisión, así que aspirar a que juzguen y encarcelen a los secuestradores es, por decir poco, una burla cruel para sus parientes.

¿Cuánto representaría ese rescate en dólares? Depende. Si se calcula a 6,30 bolívares por dólar, la tasa a la que se importan alimentos y medicinas como bienes “prioritarios” para la economía venezolana, serían casi 800 mil dólares. Si se toma como referencia el piso de 12 bolívares por dólar del sistema de subastas de divisas que anunció el Gobierno esta semana, la vida de esta víctima de la violencia que ninguna estadística oficial reporta significaría alrededor de 420 mil dólares. Imposible calcularlo al “Sistema Marginal de Divisas” que implementará el Ejecutivo a través de bolsas y casas de cambio. No hay referencias para ese tercer mercado todavía.

Aunque parezca prosaico este ejercicio sirve para ilustrar la devastación social que ocasiona la impunidad en Venezuela. La delincuencia, armada con fusiles y granadas a las que en teoría solo tiene acceso el estamento militar, pone precio a cualquier cabeza: rescate millonario si es un empresario; la pistola de reglamento si es un policía municipal o nacional; la camioneta o el celular del que circule por la calle con un bien más o menos nuevo; el monedero si se trata de un usuario de un autobús o un transeúnte que tuvo el infortunio de cruzarse con un “malandro”.

Mientras el gobierno invierte horas de discursos, retahíla de tuits y millones de bolívares en propaganda para declararse en combate contra la “guerra económica” que empresarios, acaparadores y especuladores todopoderosos hacen para volver a la gente loca con las colas, no hay una sola mención a las muertes por la delincuencia y el crimen organizado. No hay una sola historia en los medios del Estado que retrate el dolor del familiar que queda vivo, preso de la convicción de que no encontrará justicia en los tribunales, y convencido de que si reflexiona un poco sobre los riesgos que corre su vida, quedan tres alternativas: irse si tiene los medios, armarse para defenderse, o resignarse a que le toque.

El asesinato de una exreina de belleza obligó a Maduro a montar un parapeto de plan de pacificación del que no queda ni rastro. Se detuvo a los delincuentes que la mataron a ella y a su pareja, un caso ejemplar si se compara con el resto de los delitos que se cometen en el país. En días recientes, uno de los sentenciados fue asesinado por otros carcelarios con un chuzo.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz no publica un mapa que identifique a las bandas criminales y revele cómo operan y se financian. Nadie sabe cuántas armas se incautaron en la negociación con hampones que emprendió el gobierno, con una ley de desarme recién aprobada bajo el brazo. Se lanzó una reforma policial que intervino algunos cuerpos, sea lo que sea que eso signifique, mientras la defensa del “legado” de Hugo Chávez sirve como escudo blindado a los colectivos armados contra cualquier procedimiento penal.

Venezuela encabeza las listas de países de tránsito y distribución de drogas en América, pero no hay responsabilidad entre los militares apostados en los aeropuertos, puertos y fronteras sobre el tráfico de estupefacientes, armas y hasta comida.

Para cuando usted lea esta columna, esperamos que el secuestrado haya sido liberado. Negociadores expertos aseguran a la familia que los captores aceptarán un botín menor si alcanza para financiar un divertido asueto de carnaval. Que así sea. (O)

Las llamadas provienen de un celular que está dentro de una prisión, así que aspirar a que juzguen y encarcelen a los secuestradores es, por decir poco, una burla cruel para sus parientes.