El presidente Nicolás Maduro llega a las puertas del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, convocado desde el 26 hasta el 29 de julio, atado de pies, manos y lengua a la lealtad irrestricta hacia un modelo económico insostenible. El mandatario pide fidelidad acrítica a los militantes de las unidades de Batalla Bolívar-Chávez, las bases que elegirán a los 535 delegados que deben proclamarlo como el máximo líder de la principal plataforma política de la revolución.

Pero como la construcción del socialismo en Venezuela migró forzosamente del personalismo al liderazgo colectivo, todos tienen derecho a pararse cinco minutos frente al micrófono para demostrar la calidad de su compromiso con el legado de Hugo Chávez, aunque ello implique contradecir su propia esencia e historia personal. Algo así ocurrió con Jorge Giordani, el artífice de las políticas económicas de Chávez durante 15 años como ministro de Economía y Planificación.

Esperó a ser expulsado del Gabinete para divulgar una carta el 18 de junio en un conocido portal oficialista –que paradójicamente fue censurado durante algunos días por publicar este documento– en la que asegura que esa expansión descomunal del gasto público que él mismo articuló durante la gestión de Chávez para financiar la estatización del aparato productivo, los programas sociales, y la capacidad del comandante supremo para controlar políticamente a cualquier sector de la economía que pudiera reclamar participación en el proceso de toma de decisiones, se convirtió en una estrategia perversa bajo la blanda conducción de Maduro.

Giordani critica la supuesta emancipación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela del control férreo que ejercía Chávez desde Miraflores sobre los dólares otorgados a particulares y empresas a través del control cambiario, y ventila así una lucha de poder con otra ficha clave en el gobierno de Chávez: Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente de la estatal petrolera; la cara que hoy llama a los inversionistas extranjeros a llevar sus capitales al mercado venezolano y supuesto defensor de que se fije una tasa cambiaria intermedia entre los 6,30 bolívares por dólar que se asignan para la importación de alimentos y medicinas, y los 50 bolívares que pagan las empresas de los rubros no prioritarios en las subastas de divisas que gestiona el gobierno a través de los esquemas cambiarios complementarios.

Lo más escandaloso de la misiva de Giordani fue reconocer que los mecanismos de asignación de divisas se convirtieron en grandes focos de corrupción que permitieron la fuga, solo en el 2012 y denunciado por el propio Giordani hace ya algún tiempo, de por lo menos 20 mil millones de dólares por medio de empresas de maletín a las que se asignaron divisas a la tasa preferencial sin que el aparato productivo venezolano recibiera de vuelta la inversión en insumos que se pretendía cubrir con la adjudicación de esos dólares.

Acumulamos 11 años de control cambiario y no hay ni un responsable político imputado o juzgado por esta trama de corrupción que sobrevive con descaro a la presión de empresas nacionales y extranjeras para que el Ejecutivo honre sus deudas. Semejante aprieto obliga a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a tomar el micrófono durante 30 segundos y asegurar que el Ministerio Público hará las investigaciones correspondientes a partir de las denuncias de Giordani.

Y así sucesivamente, cada uno de los poderes públicos hace su particular demostración de lealtad: el Tribunal Supremo de Justicia desconoce la Constitución y legitima la beligerancia de la Fuerza Armada al admitir que demuestren su respaldo a una parcialidad política como cualquier civil con pancarta en mano en una marcha. El estamento armado promete “unión cívico-militar”, sin disfrazar la vocación de dominación más que de reciprocidad que caracteriza al vínculo entre el Ejecutivo y los militares.

Mientras el gobierno hace oídos sordos del colapso de los anaqueles y el pavor frente a la criminalidad, en la oposición el liderazgo ni crece ni se compacta, sencillamente se diluye. La Iglesia no solo lamenta que el gobierno haya utilizado la iniciativa del diálogo para desmantelar las protestas de calle, sino que condena la miopía política de Henrique Capriles al pretender que las frustraciones de esa mitad del país que votó a su favor en abril del año pasado se ajuste a los cronogramas electorales y postergue sus reivindicaciones hasta los próximos comicios legislativos y presidenciales.

Capriles se defiende torpemente, mientras Leopoldo López hiberna en una cárcel sin que nadie tenga ánimos de discutir en qué estaba pensando cuando le propuso al país una “salida” intempestiva del gobierno sin espacios institucionales para canalizarlo. María Corina, por ahora, se salva de la cárcel. Los líderes de la oposición también son fieles, cada uno a sus propias posturas, incompetentes para generar sinergias entre ellos y proponer un proyecto de país alternativo al abismo de impunidad y corrupción que corroe la gestión del poder en Venezuela.

Lo más escandaloso de la misiva de Giordani fue reconocer que los mecanismos de asignación de divisas se convirtieron en grandes focos de corrupción que permitieron la fuga, solo en el 2012 y denunciado por el propio Giordani hace ya algún tiempo, de por lo menos 20 mil millones de dólares por medio de empresas de maletín...