La semana pasada, el gobierno venezolano ordenó instalar un tribunal en un comando militar para juzgar y encarcelar a tres estudiantes que protestaban contra la inseguridad, acusados de haber cometido el delito de “asociación para delinquir”. Expuestos a todos los riesgos posibles dentro de una cárcel venezolana, Jesús Gómez y los hermanos Leonardo y Reinaldo Manrique movilizan hoy a centenares de estudiantes en todo el país que exigen su liberación sin chantajes ni dilaciones. Las autoridades venezolanas aplicaron una vieja táctica cubana para romper la movilización: transferir a los imputados a prisiones lejanas a sus lugares de origen, para dificultar cualquier gestión de defensa y debido proceso. Curiosa la intolerancia de Nicolás Maduro con los estudiantes, cuando muchas veces se ha jactado de haber llevado planazos de la policía durante sus años como bachiller.
Una semana antes, el país presenciaba la toma de un municipio en el estado Miranda por parte de una banda de delincuentes que perdió a su líder en un enfrentamiento con la policía, después de que el gobierno les prometiera que los cuerpos de seguridad del Estado no intervendrían en sus barrios a cambio de que se desarmaran y se sumaran al Movimiento por la Paz y la Vida, una iniciativa aplicada por Maduro para promover la reinserción de “los muchachos que supuestamente hacen vida en el hampa”.
Pero no solo se criminaliza la protesta estudiantil y se alimenta la impunidad a través de eufemismos que enmascaran la vocación autoritaria del gobierno y la incapacidad del Estado para garantizar la integridad de los ciudadanos e impartir justicia. Además se promulga una Ley Orgánica de Costos y Precios Justos que criminaliza la iniciativa privada e impone sanciones a la sola intención de que el comercio sea viable. Así zanja Maduro la crisis de escasez e inflación que desgarra los bolsillos de los venezolanos cada día.
Y mientras las empresas de alimentos, aerolíneas, periódicos, constructoras, ensambladoras, y todas las compañías que importan bienes al país a la tasa de cambio que Miraflores decida exigen que honre sus compromisos y pague sus deudas, a los venezolanos nos inventan cacerías contra los “raspacupos”, “anomalías” en las subastas de dólares, y odas a la patria para evadir una rendición de cuentas que no cuadra por ningún lado: ¿por qué no hay divisas en un país que vive de una renta petrolera de 100 dólares por barril al día y calcula su presupuesto a la mitad para invertir el excedente en desarrollo? A fines del año pasado, cuando Mónica Spear no había sido asesinada y el país no reclamaba con tanta urgencia un freno en seco a la violencia y la impunidad, Maduro les declaró la guerra a las empresas de maletín que desfalcaron al Estado venezolano 25 millardos de dólares solo en el 2012, monto más que suficiente para cubrir la deuda con el sector privado. Aquella comisión especial para investigar a esos “traidores a la patria” no tiene oficina, ni agenda, ni miembros. Por esos mismos días se edulcoraba la necesidad de sincerar el precio de la gasolina y hasta se convocaba a los alcaldes de la oposición para generar consenso y espantar al fantasma del estallido social. El Gabinete económico optó por devaluar la moneda –y negarlo al mismo tiempo– para recomponer las cuentas, al menos por ahora. Pero además de patria, debería haber esperanza: si los dólares de Petróleos de Venezuela alcanzaron para financiar la declaración por la democracia y los derechos humanos de la II Cumbre de la Celac en Cuba, será que las arcas del tesoro venezolano no están tan secas como muchos tememos.
Miope a las alertas que le indican que no hay país que aguante tanto abuso y desmadre, el gobierno de Maduro aprovecha una valiosa ventaja: la incapacidad de la oposición para canalizar las demandas de los estudiantes, comerciantes, sindicatos, consumidores, viajeros, periodistas y funcionarios públicos honestos que no encuentran salidas institucionales a la necesidad de que se restituya el Estado de derecho en Venezuela. Henrique Capriles le da la espalda a la indignación que crece en las calles y se desdibuja en peleítas mezquinas con otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática. Los diputados de la oposición ni siquiera lograron tener presencia en las directivas de las comisiones de una Asamblea Nacional que se va de vacaciones durante un año tras entregarle un poder habilitante a Maduro. El presidente tampoco parece darse cuenta de que mientras más le achaque a Leopoldo López y María Corina Machado el control supremo sobre manifestaciones espontáneas que se encienden por todo el país, los juramenta como cabezas de una ciudadanía amenazada por la criminalidad, la debilidad del bolívar y la polarización política.
En Venezuela, la ofuscación nos ha vuelto sordos y ciegos a las alertas que nos indican que caminamos hacia el colapso.
Pero no solo se criminaliza la protesta estudiantil y se alimenta la impunidad a través de eufemismos que enmascaran la vocación autoritaria del gobierno y la incapacidad del Estado para garantizar la integridad de los ciudadanos e impartir justicia. Además se promulga una Ley Orgánica de Costos y Precios Justos que criminaliza la iniciativa privada e impone sanciones a la sola intención de que el comercio sea viable.
