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El total de votos a nivel nacional, el número de alcaldías ganadas por cada partido, y los triunfos simbólicos, son los tres criterios que han regido la interpretación de los resultados de las elecciones municipales venezolanas. Los primeros dos parámetros favorecen al gobierno y el último a la oposición.
En el primer caso, los boletines aún parciales del Consejo Nacional Electoral dan la victoria a la coalición chavista con 5,2 millones de sufragios, mientras la disidencia capitalizó 4,3 millones de votos, y otros partidos 1,6 millones. De las 335 alcaldías en liza, 242 serán gobernadas por el oficialismo, 76 por la oposición, y 17 por candidatos independientes. Con respecto a la tercera variable, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró conservar la Alcaldía Mayor de Caracas y 4 de los 5 municipios de la capital venezolana, al tiempo que conquistó las 9 capitales de estados más pobladas del país. El oficialismo conquistó la Venezuela rural mientras la oposición se alzó en las ciudades. El presidente Nicolás Maduro escenifica triunfalismo cuando hace el recuento de las alcaldías obtenidas, como si fuera lo mismo conquistar municipios que administran los recursos de poblaciones pequeñas, dispersas y altamente dependientes de las ayudas gubernamentales, que obtener miles de votos en centros urbanos densamente poblados y masivamente castigados por la inseguridad, la escasez o la inflación.
Aunque la base chavista castigó a los candidatos impuestos por Maduro en desmérito de los líderes locales que acumulan años de trabajo político en las calles, el presidente insiste en imponer a esas fichas que fueron descartadas por la elección popular en supracargos que superan las competencias que tendrían si fuesen alcaldes. Ejemplo: Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación que reportó al país cómo avanzaba el estado de salud de Hugo Chávez hasta que declaró su muerte ante las cámaras en cadena nacional, fue postulado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Alcaldía metropolitana de Caracas. Aunque fue derrotado por Antonio Ledezma, emblema dentro de la oposición de la vieja política y de muchos de sus vicios, Maduro decidió recompensarlo por intentarlo y lo designó como el nuevo ministro para la Transformación de la Gran Caracas.
A pesar de que el PSUV perdió 25 alcaldías y más de 700.000 votos, Maduro insiste en tensar la cuerda al convocar a los ediles a participar en un “diálogo nacional” bajo la condición de que acepten el Plan de la Patria 2013-2019, el mismo que desconoce sus atribuciones y las reemplaza por un modelo de gestión que ideó Chávez, al margen de la Constitución vigente, para desmantelar la división político-administrativa actual y sustituirla por el Estado comunal, cuyas dependencias serán “ejes estratégicos de desarrollo territorial” administrados por los dirigentes que decida la Presidencia de la República. El solo empeño en imponer semejante iniciativa revela cuán ausente está Maduro de que necesita generar gobernabilidad y consenso el año próximo para que medidas como el aumento de la gasolina no deriven en una frustración social que desate conflicto.
La oposición también cometió errores de cálculo. El más elocuente fue plantear estos comicios como un plebiscito a la gestión de Maduro, en lugar de potenciar el ataque a las deficiencias de las administraciones oficialistas de manera localizada y más próxima a los electores. Vapuleado por un grotesco ventajismo oficial, Henrique Capriles tampoco supo responder a quienes lo critican por haber desactivado la movilización social posterior a las presidenciales del 14 de abril. Esta vez, esos electores se preguntaron si valía la pena salir a votar con el mismo CNE que supuestamente le robó los comicios a la oposición, huérfanos de canales de expresión audiovisual tras la venta de Globovisión, y con una masa de compatriotas ávidos por comprar “a precios justos” en las calles.
La ofensiva de Maduro contra los empresarios fue una jugada arriesgada pero resultó eficiente para sus propósitos electorales. Superada la contienda, los gremios de comerciantes se preguntan qué venderán en enero, los consumidores se apertrechan con todos los productos de primera necesidad que puedan adquirir tras hacer horas de cola, y el empresariado se prepara para bajar las santamarías si el gobierno persiste en su intención de ser el único importador de alimentos, medicinas, vehículos, y cualquier otro producto que se pueda vender en el mercado interno.
Algún instinto de supervivencia debería indicarle a Maduro que es hora de deslastrarse de fanatismos ideológicos y asumir que debe dialogar con la otra mitad del país para campear el colapso económico que se avecina. Esa misma intuición debería ayudar a Capriles y a la MUD a crear incentivos para que el gobierno los reconozca y los necesite en la gestión de la crisis. De ambos instintos depende la sobrevivencia de la democracia en Venezuela.
