Venezuela
Los venezolanos somos propensos a “echarnos los cuentos” en las colas. Un banco, la parada del autobús, o la entrada del cine; cualquier escenario es propicio para recomponer los entuertos nacionales con un compatriota desconocido. En las últimas semanas, sin embargo, las críticas a la gestión de Nicolás Maduro que se escuchan en las largas filas de los mercados suenan más a condena con coletilla de fracaso que a los baches regulares que se atribuyen a un novato en la Presidencia.

El primer frente en el que batallan Maduro y su gabinete es el desabastecimiento. Suena a cuento de camino pero en Venezuela no se consiguen por estos días papel sanitario, harina precocida de maíz para preparar arepas, leche, arroz, carne de res, pollo, aceites comestibles, preparados para lactantes, margarina, sardinas enlatadas, o artículos de limpieza.

En el interior del país, los venezolanos planean estancias en Caracas para hacer peregrinación por los mercados capitalinos, con la esperanza de encontrar productos que hace meses no llegan a los establecimientos cercanos a sus casas. La encuestadora Datanálisis, que monitorea el abastecimiento de 17 productos de la cesta básica, advirtió que el índice de escasez alcanzó la semana pasada 18,7% en diez alimentos de la dieta diaria.

Los retrasos acumulados en la asignación de divisas para financiar las importaciones han colapsado el inventario de las empresas, que no reciben dólares para adquirir materias primas ni bienes manufacturados desde hace más de tres meses, en plena bonanza petrolera alimentada por un barril a 100 dólares en promedio durante al menos el último año.

En una grabación confidencial divulgada por la oposición, el presentador oficialista Mario Silva le aclara la contradicción a un agente del G2 cubano: Diosdado Cabello, presidente del Parlamento y segundo al mando en el chavismo, habría desfalcado al Estado en el 2012 con empresas de maletín que obtuvieron dólares preferenciales para engordar sus cuentas y financiar su red de apoyos políticos dentro de la Fuerza Armada y el Partido Socialista Unido de Venezuela.

La falta de divisas no ha hecho más que empeorar la segunda amenaza que asedia la popularidad de Maduro y las finanzas de los ciudadanos: la inflación. El mes pasado, la economía venezolana registró el mayor incremento en el índice de precios al consumidor de los últimos 17 años: 6,1%, con un acumulado mensual en lo que va del año de 35,2%. Para entendernos mejor: el valor de la canasta básica familiar es de 10.441,02 bolívares. Si una familia de 5 miembros es mantenida por un padre y una madre que ganan un sueldo mínimo de 2.457,02 bolívares cada uno (4.095,04 bolívares en total), sencillamente no comen.

Tercer frente de batalla: la inseguridad. Esta semana se cumplió un mes desde que Maduro lanzó el plan Patria Segura, una estrategia que militariza la seguridad ciudadana al incorporar a efectivos de la Fuerza Armada a la cacería de delincuentes en patrullaje conjunto con la policía. El gobierno sostiene que el número de delitos ha caído a la mitad en las parroquias donde se aplica el plan, mientras la oposición denuncia que los 410 cadáveres que entraron a la morgue de Caracas en mayo demuestran que no es efectivo. No hay protocolos que definan quién debe disparar primero o qué instancia (tribunales civiles o militares) es competente para investigar y juzgar los abusos que se cometan a partir de ahora en la persecución del crimen. Patria Segura tampoco propone una reforma del sistema judicial que permita canalizar las demandas de las víctimas y aplicar sanciones a los responsables de los delitos. Por tanto, seguimos a merced de la impunidad.

Los docentes y estudiantes universitarios abrieron la semana pasada el cuarto frente de conflictividad social, al exigir un aumento salarial de al menos 90% y denunciar que el gobierno pretende condicionar la negociación de un nuevo contrato colectivo a la “transición hacia el socialismo” dentro del claustro universitario, una amenaza a la apertura hacia todas las corrientes de pensamiento que requiere la academia para promover la generación y el intercambio de conocimiento.

El quinto frente es más bien una encrucijada histórica: la impugnación a los resultados de las elecciones del 14 de abril. El Consejo Nacional Electoral defiende hasta la muerte la auditoría de las actas de votación sin reparar en los cuadernos. El Tribunal Supremo de Justicia no acaba de emitir una sentencia definitiva sobre la demanda opositora, y mantiene en vilo el avance del reclamo hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Henrique Capriles apuesta por las mayorías irrefutables para movilizar a sus electores frente a los comicios municipales del 8 de diciembre, y las encuestas alertan a Maduro de que la sospecha sobre su legitimidad ensordece a su propia base, un poder popular que comienza a pedir rendición de cuentas.

Forzado por las circunstancias, el poschavismo rectifica: conversa con el empresariado para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas; lanza mecanismos alternativos para reflotar el mercado cambiario; y contacta a Estados Unidos para sondear nuevos términos en la venta del petróleo venezolano. Aunque la arenga política sigue trabada en la confrontación, el Socialismo del Siglo XXI y la construcción del Estado comunal desaparecieron del discurso oficial. La necesidad obliga y tanto en el frente como en las trincheras, Venezuela libra una nueva lucha por salir adelante.

Aunque la arenga política sigue trabada en la confrontación, el Socialismo del Siglo XXI y la construcción del Estado comunal desaparecieron del discurso oficial.