Traumas mentales se agravan por déficit de psicólogos en prisión

Neptalí Ramírez estuvo seis años en prisión, tras ser condenado por homicidio no intencional. Su pena la cumplió del 2012 al 2018, lapso en el que -afirma- no recibió atención psicológica: “Ni la solicité, ni el Estado me la proporcionó”.

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La única vez que lo evaluó un psicólogo, recuerda, fue antes de salir de prisión. “Ahí determinan si uno está bien o mal de forma mental, pero no es lo idóneo, porque no llevan un control sobre esa persona”, dice, y añade que desde que recuperó su libertad no han valorado su estado emocional.

El Código Integral Penal establece en el art. 700 que el sistema penitenciario dará “asistencia social y psicológica durante y después del cumplimiento de la pena”. Pero esto no se cumple, coinciden Ramírez, familiares de personas privadas de libertad y hasta profesionales de salud.

“Esa es una de las principales deficiencias que llegan a ser actitudes de negligencia”, considera Billy Navarrete, secretario del Comité de Defensa de Derechos Humanos (CDH).

Una de las razones que limita la atención es la falta de personal. En el complejo carcelario de Guayas laboran 20 psicólogos, 5 del Ministerio de Salud (MSP) y 15 del Servicio de Atención Integral (SNAI), para una población de 14.696 internos. Es decir, hay un profesional por cada 734 presos.

En otras provincias hay menos personal o no hay ninguno, como en Bolívar y Pastaza; mientras que a nivel nacional son 95 psicólogos para los 37.347 recluidos en 53 centros.

“No es lo adecuado, es insuficiente (el personal), pero las autoridades están trabajando”, dice Alexandra Mantilla, perita en perfilación criminal, quien afirma que los internos sí reciben atención psicológica.

Aunque no todos. En la Penitenciaría, por ejemplo, los ‘jefes’ de los pabellones hacen un listado de los que recibirán las citas, según personal carcelario. Pero todos requieren estas valoraciones porque solo con el hecho de estar privados de libertad enfrentan, explica Mantilla, “un impacto emocional y psicológico que va a fragmentar en diversas formas su vida y forma de pensar”.

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A esto se suman situaciones traumáticas que algunos sufren tras las rejas, como agresiones sexuales. Lo vivió Carlos en la cárcel de Loja en 2019: “tras forcejear y agredirme, me violaron”, según denunció. Este tipo de violencia los “humilla física y emocionalmente” y es “difícilmente superable”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cambio, Gabriela Quinaluisa, directora de primer nivel de atención (e) del MSP, considera que los 34 psicólogos que tienen en prisión “logran atender a las personas que requieren esta atención”.

El MSP reporta que el 38 % de los 5.067 internos que se han atendido en los 31 puestos de salud mental de las cárceles presentan trastornos mentales y de comportamiento por el consumo de drogas. Tienen síntomas de paranoia, delirios de persecución y se vuelven más agresivos, lo que -según un especialista- podría explicar en parte la violencia que se desató en las cárceles este año y que provocó 335 muertos.

Otro 30 % de los atendidos tiene trastornos neuróticos, como ansiedad; el 14 %, trastornos de humor, como depresión; entre otros, que afectan la salud mental, concebida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, mental y social.

El MSP también señala que ha dado 1.956 atenciones intensivas; mientras que el SNAI, con 61 psicólogos en las cárceles y 20 en centros para adolescentes, reportó que 38.916 internos recibieron terapia grupal; 8.547, citas individuales; y 25.534, charlas sobre el consumo de drogas, en 2020.

“Nosotros tratamos de dar la mayor protección emocional que se puede”, dice un profesional de la salud que trabaja en un reclusorio de Guayaquil, en donde -según cuenta- algunos internos con síntomas depresivos han intentado suicidarse. Este año, hasta el 12 noviembre, 18 lo lograron.

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En muchos casos, reconoce, los internos necesitan la valoración de un psiquiatra, pero solo hay cinco del MSP en las cárceles. En Guayaquil, afirma, “aún no vienen” por los actos violentos de este año. Ante esto les dan interconsulta con el especialista en hospitales, pero -afirma- tarda de dos a tres semanas. Y demora más, dice, si los vehículos del SNAI están ocupados para los traslados.

La tensión y ansiedad que acumulan los internos, y que también impacta a sus familias, podría atenuarse además de la atención psicológica con actividades educativas, laborales y culturales, según especialistas. Pero los programas son ‘insuficientes’ y no todos tienen acceso. Por ejemplo, el 30 % de internos participaron en temas educativos en 2020.

Los familiares también reclaman la falta de fármacos para patologías mentales. “A mi hijo no le dieron sus medicamentos que día a día necesitaba. Una sola vez le pasé las medicinas, porque no dejan pasar”, lamenta la madre de Jaime, quien tenía 70 % de discapacidad psicológica por la esquizofrenia crónica que padecía desde la adolescencia.

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Este año, a Jaime le dictaron prisión en el Centro de Detención Provisional (CDP), donde se ubica a internos con delitos menores y grupos vulnerables. Pero esto no se cumplió, lo llevaron a la Penitenciaría, ‘negligencia’ que expuso a su hijo con personas violentas que lo mataron. Su caso lo denunció a Fiscalía y CDH.

Navarrete, del CDH, recuerda también a otro joven con discapacidad intelectual que tuvo depresión grave por los maltratos que recibió en prisión. La familia pidió que lo cambien de pabellón, pero no lo hacían porque -critica- el MSP no sabía de su condición: “Es decir, la gente ingresa a la cárcel sin ningún registro, sin ningún diagnóstico, y el Estado lo olvida a su suerte”. (I)