La piel ceñida a los huesos retrata en una foto la frágil condición de salud de Julio. “No era así, era robusto”, afirma su padre sobre el peso que perdió en los últimos dos años a causa de la tuberculosis que contrajo en la Penitenciaría del Litoral.

Por su enfermedad y ante los escritos de su padre, lo cambiaron del pabellón 12 al Transitorio y, luego, a la Regional, pero su salud no ha mejorado. La semana pasada lo trasladaron al hospital del Guasmo, donde recibe los cuidados que, según su familiar, no tuvo en prisión: “No entraban los médicos y los últimos seis meses no recibió la medicina”. Ante esto, su padre le llevó los fármacos, pero –asegura– no le han permitido su ingreso.

Del 2018 al 12 de noviembre de este año, 989 personas privadas de libertad han fallecido en las cárceles del país. El 49% de esos decesos fue calificado como ‘muerte natural’; el 43 %, violenta; el 7%, ‘suicidio’; y el 1%, ‘accidental’, según el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), responsable de los 53 centros de rehabilitación social que albergan a 37.347 infractores detenidos.

El SNAI no atendió una entrevista con este Diario para explicar lo que ellos califican como una ‘muerte natural’, deceso que el Ministerio de Salud Pública (MSP) señala que ocurre “a consecuencia de una enfermedad o vejez”.

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En las cárceles del país no se conoce el número de los internos que mueren por vejez, y aquellos que padecen de una enfermedad no fallecen por sus propias dolencias sino –dicen sus familiares– porque no hay médicos que los atiendan, no les dan medicinas y –si requieren cirugías o tratamientos en hospitales externos– solo se les autoriza la salida cuando sus condiciones son críticas.

Mi esposo pagó para que lo saquen al policlínico y para que le hagan los exámenes (...), un compañero (reo) le ponía los sueros

Mónica Cedeño, familiar de reo que tenía tuberculosis y que fue asesinado en prisión.

Mónica Cedeño agrega que “los martes se pagaba para ingresar medicina”.

El acceso a un centro de salud es considerado por los privados de la libertad un “privilegio” que, según dicen sus familiares, lo otorgan los jefes de los pabellones a sus amistades. “Le hicimos un paquete con pastillas, ropa y artículos de aseo, pero no permitieron su ingreso”, lamenta el hijo de otro procesado que estuvo preso dos meses y medio, mientras que el pariente de otro interno enfermo asegura que debían comprar la crema para las llagas que tenía en los brazos y piernas.

Manuel y Mario, dos amigos de barrio en prisión por el robo de celulares, asesinados en masacre carcelaria

Los fallecimientos en los que median factores externos no son una ‘muerte natural’, considera la Organización Mundial de la Salud: Todas aquellas ‘defunciones evitables’, que se dieron por ‘complicaciones en la atención médica’, califican como ‘defunciones por causas externas’, no ‘muerte natural’.

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El Ministerio de Salud dio una entrevista a este Diario, pero no se pronunció sobre la falta de atención y de medicamentos en las cárceles, que reclaman los parientes de personas privadas de libertad.

Ahí, en las cárceles, dice el defensor del Pueblo (e), César Córdova, los reclusos con enfermedades catastróficas, raras o crónicas tienen mayor riesgo, porque si no reciben una adecuada atención de salud –asegura– podrían morir. Por ello, la Defensoría presentó a fines de noviembre una acción de protección para que los presos, especialmente los grupos vulnerables, accedan a las consultas y fármacos por ser una “obligación constitucional” el derecho a la salud.

‘Trébol’ fue asesinado tras 103 días de haber cumplido su sentencia de ocho meses

En tanto, según los registros del MSP, la mayoría de los presos se enferma de procesos respiratorios o infecciones gastrointestinales. En total, el ministerio reporta 36.877 atenciones médicas en los 47 centros que hay en las cárceles.

Los presos van por ‘libre demanda’, cuenta un médico que laboró en una prisión en Guayaquil, pero también lo hacen –agrega– según un listado, de quince personas, que cada pabellón entrega a los guías. Este Diario no conoció los criterios de cómo se elabora la lista.

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En el 2020, según la rendición de cuentas del SNAI, 37 presos murieron por COVID-19, cifra incluida en los 200 decesos –el pico más alto desde 2018– que el SNAI calificó como ‘muertes naturales’. (I)

Quejas por la comida continúan en la cárcel

Los reclamos por la alimentación que reciben las personas privadas de libertad en las cárceles se multiplicaron en los últimos dos meses a raíz de las riñas y conflictos registrados en la Penitenciaría del Litoral, que causaron la interrupción temporal del servicio. Familiares de reclusos contaron a este Diario que hay días en que no se les da una, dos y hasta las tres comidas, las que son ‘malas’ y “con porciones pequeñas”.

El problema es mayor para quienes padecen enfermedades crónicas y catastróficas, porque requieren una alimentación especial. “La medicina es el 50 % y el otro 50 % es la dieta”, recalca César Córdova, defensor del Pueblo (e), quien asegura que si una persona con anemia perniciosa no recibe una dieta rica en hierro está “predestinada a morir”.

Alimentación en cárceles, sin contrato desde hace 18 meses

No obstante, la empresa que provee la alimentación, La Fattoria, asegura que tienen dos opciones ‘buenas’, entre ellas una dieta “con menos grasa, proteína más magra, con una porción mayor de ensalada, baja en sal y en azúcares” para 2.500 presos, cuyos nombres –afirma un vocero– lo da cada centro carcelario.

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Esta dieta está incluida en el último contrato adjudicado a La Fattoria hasta diciembre del 2019. Desde entonces no se ha firmado otro. La Fattoria continúa como proveedor desde hace casi una década.

El directivo de esta firma, quien pidió la reserva de su identidad, asegura que también dan una dieta blanda para los recién operados, previa notificación de cada centro de rehabilitación. (I)