Su cuerpo fue baleado, quemado y macheteado en una prisión transitoria cuando Jordy Macas Guamán ya debía estar en libertad. Lo sentenciaron a cuatro meses de prisión por incumplir el toque de queda, por el coronavirus, el 9 de mayo de 2021. La noche de la masacre en la Penitenciaría del Litoral, el viernes 12 de noviembre, Jordy tenía dos meses esperando su boleta de excarcelación.

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Nunca llegó. En el proceso no consta un abogado que la solicitara. Una abogada de la Defensoría Pública lo representó durante el juicio. Ella, Dolores Vera Ramírez, pidió a la Fiscalía de Naranjal que se le aplicara a Jordy el “procedimiento abreviado”, en el que el acusado acepta la culpa y recibe una rebaja de la pena.

“Sí, entendí la formulación de cargos”, respondió Jordy cuando por videoconferencia el juez multicompetente penal de Naranjal, Wilmer Tapia, le preguntó si estaba de acuerdo.

Extracto del juicio de Jordy Macas Guamán, quien fue sentenciado a cuatro meses de prisión por incumplir el toque de queda, y fue asesinado en la penitenciaría.

Jordy tenía 28 años y una adicción a la marihuana que le hizo salir de su casa a las nueve de la noche del domingo 9 de mayo, una hora después de que entrara en vigencia el toque de queda. El parte policial reseña que los vecinos se quejaron de un desconocido que en actitud agresiva merodeaba en el sector de La Olla, ciudadela El Batán, en Naranjal.

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“Me picaba la boca y ahí los policías me cogieron, el vicio es vicio, mi mamá me dijo que no salga. Soy consumidor de marihuana, salí a comprar marihuana, mi mamá me dijo que no salga”, declaró Jordy.

Cuando los policías llegaron a La Olla, Jordy los ofendió, dice el parte, les lanzó puñetes y patadas. “Que a él nadie lo toca, que él es el dueño del barrio”, contaron los uniformados en la audiencia.

La tarde del lunes de esta semana, Jordy fue sepultado después de que sus familiares oficiaran una misa de cuerpo presente.

El día viernes 12 en la noche se despidió y hasta ahí pude escuchar su voz. ‘Mamita, te quiero mucho’, me dijo, y luego, ‘se están metiendo, se están metiendo’, y se cortó la llamada”, cuenta, entre lágrimas, su madre, Elva Guamán. A diario ella enciende una vela en su dormitorio. “Doblo rodillas y oro por todas las madres. Yo aún no lo puedo creer, parece que ya me va a llamar

Elva Guamán, madre de Jordy

Jordy Guamán había sido sentenciado por “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”, un delito menor, de aquellos que se castigan con penas de hasta tres o cinco años de prisión.

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Como él, la mayoría de los masacrados en las cárceles –de entre 20 y 40 años– había ingresado por delitos menores: posesión de drogas, ataque y resistencia a la autoridad, abuso de arma de fuego, robo, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, intimidación, tráfico ilícito de drogas de pequeña y mediana escala, y así.

En total, 152 privados de libertad estaban presos por delitos menores. Es lo que equivale al 69 % de una muestra de 221 nombres revisados por este Diario y que corresponden al periodo 2018-2021, lapso en el que se agudizó la crisis carcelaria en Ecuador.

EL UNIVERSO buscó los datos manualmente y también accedió a los listados de las víctimas de las matanzas del 28 de septiembre y 12 de noviembre, las más horrendas que ha vivido el país este año.

Pero esa muestra de 221 nombres –dicen activistas de derechos humanos– no son todas las vidas que se han perdido por la ‘negligencia de un Estado’ que no ha logrado detener el desangre en las prisiones. Del 2018 al 2021, hasta noviembre, los datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reportaron 430 muertos por violencia intracarcelaria, el 64 % en prisiones de Guayaquil. En esta urbe, el SNAI ha calificado 66 muertes como suicidios.

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El SNAI no proporcionó las listas totales con los nombres de los fallecidos, como solicitó este Diario en septiembre pasado. La entidad señaló en un comunicado que “al ser custodia de las personas privadas de libertad, es la responsable de precautelar sus datos”.

Estos listados, dice el presidente del Comité de Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, “son oro en polvo”. A ellos también les negaron los nombres de las víctimas, al igual que a la Defensoría del Pueblo (DPE), que el domingo pasado publicó su pedido al SNAI en su cuenta de Twitter.

“La DPE solicitó la lista de las #ppl presuntamente fallecidas para iniciar el proceso tutelar, pero Margarita M., trabajadora social del SNAI, indica que no puede hacerlo porque no tiene autorización”, escribió la DPE.

A falta de listados, en redes sociales el CDH está convocando a familiares de los fallecidos para recopilar sus testimonios y documentar demandas judiciales contra el Estado por violación a los derechos humanos.

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Hasta ahora hay seis casos que hemos registrado, casos donde se demuestra que hubo negligencia judicial y las familias están dispuestas a darnos su testimonio”, anunció Navarrete y explicó que están en una fase de documentación. Lo hacen, recalca, para que “las familias no asuman esta tragedia como algo natural que les pasa por ser pobres

Billy Navarrete, presidente del Comité de Derechos Humanos en Ecuador

Eso es lo que piensan padres, madres o esposas de nueve víctimas carcelarias, de las masacres de septiembre y noviembre, que le contaron su historia a EL UNIVERSO y que este Diario reproducirá en varias entregas desde hoy.

Ahí constarán, por ejemplo, el emblemático caso de Leonardo González, quien llevaba cuatro meses esperando su boleta de libertad; la historia de Carlos Valencia, preso por ataque y resistencia contra dos policías que vestían de civil; el caso de Manuel Torres y Mario León, dos amigos del mismo barrio que ingresaron a prisión por robo de celulares; y la historia de John Campuzano, el contador de una empresa investigada por estafa y cuyos directivos huyeron del país.

La madre de Jordy no tenía para un abogado, tampoco entendía de audiencias y procedimientos. Apenas recibe el bono solidario y gana algo con la comida que vende en tarrinas cuando sale a recorrer las calles de Naranjal. “Tenemos deudas, ni el funeral hemos podido pagar”, cuenta Elva Guamán, una católica creyente que ora para que se acaben las matanzas, porque “es duro perder un familiar y de esta forma”.

Jordy Macas fue asesinado el pasado 12 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral. Foto: Tomada del Facebook

En las prisiones, dice la mamá de Jordy, no todos son culpables. Hay muchos que ni siquiera tienen sentencia.

En los listados de 221 nombres revisados por este Diario, el 52 % de los asesinados (116) tenía sentencia, el 5% (12) estaba llamado a juicio y el 14 % (32) estaba procesado. Al resto (61) no se los ubicó en los registros de la Función Judicial.

Lo grave, dice el defensor del Pueblo (e), César Córdova, es que entre los asesinados en las masacres había personas a quienes no se les había demostrado su culpabilidad. “Ellos gozaban del principio de inocencia”, lamentó. (I)

Foto: ARTE

Críticas de comisión por ‘Medidas blandengues’

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea elaboró, desde octubre, un informe sobre la actuación de los diferentes miembros a cargo del sistema penitenciario. El documento, según la asambleísta Geraldine Weber, contiene 52 conclusiones y 72 recomendaciones que deben aprobarse esta semana por la comisión para su revisión en el pleno legislativo.

Weber, integrante de la comisión, cree que hubo un incumplimiento de funciones por parte de los directivos del SNAI, organismo que cuenta con dos inhibidores de señal, cámaras que cubren el 58 % de los centros y 1.489 guías para controlar a la población carcelaria. El déficit agregó, es de 3.153 servidores.

Estas deficiencias, la falta de recursos y ‘medidas blandengues’, habrían influido –afirma– en los enfrentamientos registrados en las cárceles este año. Y aunque cree que hubo “inoperancia” de las autoridades, asegura que apoyarán la propuesta del Ejecutivo de ampliar y aplicar la figura legal de ‘autoría por dominio de organización’ para castigar a los jefes de bandas criminales. (I)