El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) trasladará a Daniel Salcedo Bonilla de la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, a la cárcel n.º 4, en Quito, Pichincha, aunque responsabilizó a la autoridad judicial por cualquier “eventualidad de seguridad, de permanencia o de integridad” del detenido.
Un tribunal de garantías penales con sede en Machala, provincia de El Oro, dispuso el retorno a esa cárcel aduciendo evitar cualquier amenaza inminente en contra de la integridad personal y derecho a la vida de Salcedo.
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El detenido ya estuvo detenido en la cárcel 4, en Quito
Según esa entidad gubernamental, que administra el sistema de rehabilitación social, ese tribunal no ha observado que sobre el interno hay tres causas penales a órdenes de distintos jueces que también tienen jurisdicción y competencia sobre él, e inobservando además informes institucionales de seguridad.
A finales de enero, pasó de una cárcel de Quito a una en Latacunga
Salcedo había alegado que ha sido chantajeado para que entregue dinero con la amenaza de quitarle la vida.
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De acuerdo a la institución estatal, Salcedo se encuentra en un área en Latacunga en la cual se precautela su integridad y se garantiza su permanencia conforme a los informes de seguridad y de las áreas de rehabilitación que recomiendan que el interno se mantenga en dicho centro.
El regreso de una persona privada de la libertad (PPL) a cualquier centro de privación de la libertad debe observar parámetros técnicos de clasificación, reclasificación, seguridad y riesgo; por lo que el retorno del interno genera diferentes posturas entre los distintos jueces que conocen las causas del privado de la libertad y vulnera principios básicos de seguridad y riesgo que se deben observar para la ubicación de una PPL en los centros de rehabilitación social, mencionó el SNAI, en su cuenta de Twitter.
La decisión judicial está fechada el lunes 22 de marzo. Este Diario le consultó al director del SNAI, Edmundo Moncayo, sobre cuándo se hará el traslado. Respondió que dentro del término previsto, entre 24 y 48 horas.
En febrero pasado fue llamado a juicio por uno de los presuntos casos de corrupción