Cuando la Policía de Antinarcóticos irrumpió, la noche del viernes, en un negocio de venta de agua embotellada en Los Vergeles, norte de Guayaquil, los agentes no imaginaban que, oculta en el trasfondo de una oficina, hallarían “una mina de oro”, como describió uno de los uniformados que participó en el operativo.

No fue una acción al azar, hubo planificación. Tannya Varela, comandante general de la Policía, contó que la operación fue ejecutada luego de investigaciones a una red narcodelictiva desarticulada el 23 de julio pasado, en el mismo sector. En esa ocasión, agentes antinarcóticos incautaron 515 kilos de droga y se detuvo a cinco personas, quienes actualmente cumplen prisión preventiva. Esta vez solo hubo dos detenidos.

Pero no fue un hallazgo cualquiera, en total se incautaron 9,5 toneladas de cocaína, cantidad que en el mercado internacional se valora en $ 450 millones. Por eso “este es un decomiso histórico”, dijo la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien acudió al lugar donde se encontraron 157 bultos con 60 bloques cada uno, 10 armas largas “con poder para destrozar un blindado” y 2.855 municiones.

Al coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército y analista en Seguridad y Defensa Nacional, su experiencia le dice que los agentes de la Policía “cayeron en un centro de acopio”, y aseguró que el de Los Vergeles, celebrado por la Policía como “decomiso histórico” es en realidad un sitio pequeño. “Se sabe que existen lugares donde se almacenan hasta 30 toneladas”.

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Dadas las condiciones actuales de vulnerabilidad del sistema de Defensa Nacional, “no sería raro encontrar otros centros con mayor cantidad de droga”, sostuvo.

Se refiere a la importancia de montar radares para la vigilancia del espacio aéreo y marítimo, pues por esas vías sale el alijo que llega a Ecuador desde Colombia. “De aquí sale el 37,5 % de la droga que se produce allá”.

Geovanny Espinel, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que el viernes fue a Manta a explicar la necesidad de poner un radar para el control antidrogas en Manabí, aseguró que durante el 2020 estas actividades ilícitas han generado 144 homicidios y que en el 2021 ya van 336 muertes violentas relacionadas con el tráfico y consumo interno de drogas.

Según Pazmiño, los centros de acopio, donde se embodega la droga proveniente de diferentes laboratorios, siempre están cerca de “las plataformas internacionales de distribución”, que son los puertos y aeropuertos donde se contaminan cargas o también por pistas clandestinas y lanchas a lo largo del perfil costero.

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“Se tiene que conformar una Fuerza de Tarea Conjunta Antinarcóticos, porque esto ya se desbordó”, sugirió el oficial que viene advirtiendo sobre el avance de organizaciones del narcotráfico. “La Policía ya no tiene la capacidad operativa, no puede seguir actuando sola”.

¿Quiénes deben formar esa fuerza de tarea conjunta? Las tres ramas de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía, acompañados de un sistema especial de inteligencia, dijo Pazmiño, a lo que deben sumarse reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Todavía no estamos como en México, donde el narcotráfico ha contaminado hasta a la Fuerza Pública, y estamos a tiempo de evitar que eso suceda

Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército

Pazmiño no quiere que suceda lo que ocurrió en abril pasado, cuando las autoridades dejaron libres a dos pilotos de avionetas procedentes de México que aterrizaron en los campos de una azucarera en Milagro. Venían a recoger droga, aseguraba la Policía, pero no se los pudo conectar con evidencia. Quedaron libres de toda acusación, aunque ingresaron ilegalmente al país, evitando los radares.

El abogado penalista Julio César Cueva explicó a este medio que, aunque sabemos que estos extranjeros vienen, en derecho no importa lo que se sospecha o lo que se sabe, sino lo que se puede probar.

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“Habría que ver si las personas que llegan en las avionetas cometieron otros delitos. Si la matrícula es original, si tenía plan de vuelo, si no tenía permiso para ingresar al espacio aéreo, si el piloto tiene los papeles en regla, habría que ver si hay delitos conexos como lavado de dinero o si había combustible que no había sido comprado lícitamente”.

Violar el espacio aéreo debe ser penado con el máximo rigor, sugirió Pazmiño.

Cada vez más narcoavionetas llegan al país pues las leyes amparan a los pilotos


En el caso de Milagro, la Fiscalía intentó procesar por tráfico de hidrocarburos al piloto detenido en flagrancia, sin embargo, un juez de ese cantón ratificó la inocencia del extranjero, pues aseguró que el fiscal fue negligente al plantear la acusación. Según él, debía acusarlo como cómplice del delito, no como autor, porque no estaba ahí para vender el combustible sino para comprarlo.

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En abril pasado dos avionetas entraron ilegalmente al país. Dos mexicanos fueron detenidos pero los liberaron semanas después. Foto: archivo

El coronel Érick Benites, subjefe de Antinarcóticos, ha reconocido que aunque la Fuerza Aérea y la Policía se activan, no tienen la capacidad real para ubicar una avioneta de forma inmediata y en muchas ocasiones cuando llegan al sitio donde aterrizó, la organización ya ha abandonado la evidencia.

Los penalistas señalan que en esos casos no existe el nexo causal (cómo probar que es de ellos), y que es diferente si hay una investigación previa y ya existe evidencia.

Cueva consideró que el problema está en el apresuramiento de las autoridades. “Habría que esperar a que hagan la entrega de la droga, a que hagan la recarga de combustible y ahí se los detiene”.

Por eso Pazmiño sugirió una fuerza de tarea conjunta, para que todos los involucrados, con conocimiento de la ley, realicen acciones estratégicas y los involucrados no queden impunes.

“El Ejército debe ejercer control en las fronteras terrestre; la Fuerza Aérea debe contar una ley de derribo y tener mejor equipamiento de radares para el control de naves clandestinas; y la Marina, lo mismo, en el caso de las embarcaciones pequeñas que salen de las costas a abastecer a grandes buques en alta mar”.

Pazmiño pide que, mientras tanto, se ponga especial atención a “las caletas que se ocultan a simple vista” y describe sus características: Son negocios que permiten el ingreso y salida de personas y vehículos sin levantar sospecha. Son simples fachadas, el verdadero negocio, ilegal, está adentro, tal como descubrió la Policía en la embotelladora de agua en Los Vergeles. (I)