Motines en las cárceles son reacciones a la implementación de radares aéreos contra el narcotráfico, dice Lasso

El 24 de mayo pasado, cuando Guillermo Lasso asumió la presidencia de la República, en las provincias costeras de Santa Elena y Manabí no había radares operativos para detectar vuelos clandestinos de avionetas que son utilizadas para el tráfico de drogas. Lo reveló el mandatario la noche del martes, pero no ahondó en detalles, aunque aseguró que ya se está trabajando en mejorar la seguridad nacional.

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Pero la falta de radares -o su obsolescencia- no es el único problema en el cuidado del espacio aéreo y lucha contra el narcotráfico. El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército y experto en seguridad nacional, habla de la necesidad de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Hace falta una ley de derribo”, dice.

¿En qué aportaría eso? Las Fuerzas Armadas tendrían una herramienta persuasiva y un sustento legal a la vez para advertir y derribar si es necesario a las aeronaves que violen nuestro espacio aéreo.

“Tenemos que presentar reformas en el campo penitenciario, tenemos un problema serio allí. Tenemos problemas de seguridad nacional. No puedo dar detalles porque estoy en reserva, bajo juramento, en el caso del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe)”, declaró Lasso la noche del martes.

La ubicación de los radares no se puede revelar, por ser sitios estratégicos, coincide el coronel Pazmiño, que habla de “puntos ciegos” que no están cubiertos por estos aparatos, porque muchos están obsoletos.

Sin embargo, el presidente reconoció que ya se hizo público uno de ellos, debido a protestas porque en el cerro de Montecristi (Manabí) la Fuerza Aérea ha tenido que intervenir para poner un radar.

Es precisamente Manabí una provincia donde más avionetas narcos han sido detectadas, algunas por intervención de la Policía, otras porque se han accidentado. Y la Unidad de Antinarcóticos también conoce que desde puertos artesanales salen muchas embarcaciones pequeñas que abastecen en alta mar a barcos que transportan droga a Centroamérica y México, desde donde los cárteles la cruzan a Estados Unidos.

El comandante de la Fuerza Aérea, Geovanny Espinel, le dijo a este medio en julio pasado que la falta de una ley de derribo mantiene tranquilos a los narcotraficantes. “Ellos se sienten seguros, saben que no podemos hacerles nada”, dijo el oficial, que comentó que lo que pueden hacer es asegurarse de que la aeronave ilegal salga del país y avisar a naciones vecinas.

Ahora, Lasso hace una relación entre lo que ha empezado a hacer el Consejo de Seguridad y las revueltas en el sistema penitenciario, donde bandas de reos, ligadas a carteles internacionales, han provocado matanzas.

“Estos amotinamientos que estamos viendo en las cárceles son una reacción de aquellos que creyeron que el Ecuador era un territorio libre para delitos transnacionales como el narcotráfico y la trata de personas”, dijo el presidente en la entrevista que concedió a José Hernández, del sitio digital 4 Pelagatos.

Pazmiño coincide con el presidente en que toda acción que toque los intereses de los narcos generará algún tipo de reacción. Pero insiste en que hace falta más equipamiento.

“Se están usando radares móviles y usted entenderá que si se los quita de un lado para llevar a otro, entonces se cubre un espacio pero se descuida otro, por eso hacen faltan más radares, conformar unidades de tarea conjunta para vigilar la línea costera del Pacífico y también la frontera norte (limítrofe con Colombia)”, analiza Pazmiño.

Otro cambio urgente, sugiere Pazmiño, tiene que ver con la aplicación de la justicia. “No puede ser que cojan una avioneta y a los pilotos los procesen por tráfico de combustible y no de drogas. Sancionan los jueces por delitos menores y no por la violación al espacio aéreo, solo ese delito debería ser sancionado con máxima dureza”.

En abril del 2013, Ecuador reconocía la inoperatividad de su sistema de radares chinos comprados por $ 60 millones en el 2009 en el gobierno de Rafael Correa.

Los equipos fueron colocados en cuatro puntos estratégicos, pero no se pudieron realizar las pruebas de aceptación, denominadas SAT, por lo que nunca funcionaron.

En octubre del 2016, el ministro de Defensa de la época, Ricardo Patiño, anunció la adquisición de cuatro radares de vigilancia aérea a la compañía española Indra, con un crédito proveniente del Deutsche Bank (entidad bancaria alemana), por $ 112 millones. (I)