El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que administra el sistema penitenciario en Ecuador, investiga omisiones en relación con el último hecho de sangre en los centros de privación de la libertad, registrado en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde hubo un amotinamiento que dejó como saldo 44 reos asesinados.

El hecho sangriento se registró el pasado lunes, 9 de mayo del 2022.

Según el director del SNAI, general de Policía Pablo Ramírez, quien está en el cargo desde diciembre del 2021, entre el 28 y 30 de abril pasado se determinó que el traslado del cabecilla de una banda delictiva desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, hasta Santo Domingo de los Tsáchilas iba a generar posibles alteraciones.

Aseguró que a esa persona no se la ingresó a los pabellones, sino que se la tuvo en un espacio transitorio.

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Afirmó que hubo refuerzo de personal con la disponibilidad operativa de Fuerzas Armadas, Policía y agentes penitenciarios.

“Lo que hicimos internamente fue colocar entre los pabellones, que se tenía conocimiento que podría existir algún tipo de amotinamiento, tener un control y de esta manera que no salgan de los pabellones hacia los otros. Pero lastimosamente se tomaron el control, les quitaron las llaves a los agentes penitenciarios. Y lo que estamos generando es una investigación interna, administrativa, para establecer los protocolos que debían ser seguidos internamente”, dijo en un conversatorio con medios de comunicación.

Según el funcionario, se tenían que cerrar los pabellones a determinadas horas para que no hubiera un cruce entre ellos; se tenía que fortalecer con agentes penitenciarios entre pabellones; que una sola persona no tenga las llaves de los pabellones, sino solo las del correspondiente pabellón.

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“No hay ningún privilegio para nadie, ningún privilegio para ningún grupo, sino más bien para todos por igual”, mencionó ante una pregunta de supuestos privilegios, por ejemplo, a Los Choneros.

Añadió que actualmente se está terminando con prácticas del pasado.

Acerca de posibles alteraciones internas, mencionó que desde enero ha habido unas 800 alertas, desde la salida de una persona privada de la libertad a un centro de salud hasta eventuales amotinamientos.

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Agregó que hay ciertos traslados de privados de la libertad por orden judicial en los cuales no se toma en cuenta el informe delictivo, el nivel de riesgo del centro penitenciario al cual se lo está trasladando o el nivel de hacinamiento.

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Por ello, agregó, se está pidiendo que esos aspectos sean evaluados previamente.

Esto, justificó, no les permite tener la gobernanza ni administración de los centros de rehabilitación. Si tuvieran esa posibilidad, añadió, determinarían a qué centro iría un privado de la libertad según esos criterios.

Con miras a que se cumpla ese objetivo, se espera que haya una coordinación ágil y oportuna con otras entidades.

Ramírez acotó que cuando se aplican acciones administrativas por incumplimiento de procedimientos hay acciones de protección de los agentes penitenciarios, por lo que se analiza que haya una nueva ley orgánica para estos trabajadores.

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Ante la demora que implicaría el trámite de una legislación en ese sentido, indicó que se están incorporando procedimientos y procesos a través de una norma específica de manejo carcelario para que esos hechos no vuelvan a suceder.

Acotó que se han dado traslados de guías penitenciarios; e incluso, entre aquellos que han generado actos presuntamente de corrupción, cuando se les han encontrado objetos que ingresan a las cárceles, se los lleva a una audiencia, pero se dan medidas sustitutivas y vuelven a su trabajo.

En 2021 hubo 90 actos administrativos y se sancionaron 6, contó.

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“El sistema jurídico es lo que no nos permite tener la gobernanza y la gobernabilidad de los centros”, adujo.

En el plan del SNAI está la incorporación de mayor personal y pasar de 1.600 a unos 4.000 agentes penitenciarios hasta el 2023.

Un primer grupo iniciará una capacitación entre junio y noviembre del 2022 para que ingresen 1.400 agentes penitenciarios. (I)