La defensa de Gabriela Beltrán, auxiliar de la Función Judicial que es señalada por haber ingresado el pedido de medidas cautelares solicitadas por el exalcalde Jorge Yunda, y que terminó en conocimiento del juez Carlos Soto, sostiene que el sorteo de la causa se realizó utilizando de forma ilegal el usuario y claves de acceso de la funcionaria, sin su autorización ni conocimiento.

Ciro Guzmán, abogado de Beltrán, expuso que la funcionaria trabaja en las ventanillas de ingreso de causas en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que está ubicada en la avenida Ignacio de Veintimilla, en el centro norte de Quito.

Sin embargo, la solicitud de las medidas cautelares que realizó Yunda ingresó por el Complejo Judicial Norte, localizado en el sector de Iñaquito, más al norte del edificio de la Unidad Judicial de la Familia.

Guzmán explicó que los códigos de accesos de su defendida fueron usados en el Complejo, cuando ella se encontraba en su lugar de trabajo.

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Usurparon el número de la Unidad Judicial y luego también fue usurpado su usuario y clave. Cada código de la Unidad Judicial solo puede ser usado en ese lugar. Una persona que trabaja en la Unidad Judicial de la Veintimilla no puede ingresar causas en el Complejo Judicial Norte con su código y clave”, señaló el abogado.

La defensa dijo contar con respaldos en videos, certificados laborales, reportes del marcador biométrico, cuadernos de registros de causas, que muestran que a la hora que ingresó la causa de Yunda en el Complejo del Norte, el pasado 7 de julio, Beltrán se encontraba en la Unidad de la avenida Veintimilla.

Además, Guzmán indicó que la firma que aparece en el acta de las medidas cautelares no pertenece a su clienta, ya que es distinta a la rúbrica que ella usa en los documentos de las causas que se tramitan en la Unidad Judicial de la Familia.

“Ella es víctima de varios presuntos delitos penales en su contra: usurpación de datos electrónicos, suplantación de identidad, falsificación y utilización de documento público, hay fraude procesal, y hay un delito de asociación ilícita porque una sola persona no puede hacer todo esto”, comentó el abogado, que espera que con todos estos elementos la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura retiren las sospechas sobre Beltrán.

La oficina y la casa de la funcionaria fueron allanadas por la Fiscalía y la Policía el pasado 9 de julio, como parte de la investigación para determinar si hubo irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales con las que Jorge Yunda quiso impedir ser removido de la Alcaldía de Quito.

Los allanamientos de ese día también se ejecutaron en las oficinas de los jueces Carlos Soto y Belén Domínguez, que emitieron fallos favorables para Yunda.

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Un día antes de la intervención, el 8 de julio, el Consejo de la Judicatura dispuso iniciar indagaciones por presuntas inconsistencias detectadas en los procesos de ingreso y asignación de los casos. Y se resolvió suspender por 90 días, sin sueldo, a los jueces Soto y Domínguez, así como a otros funcionarios entre los que está Beltrán. (I)