A finales de febrero un policía en servicio activo identificado como Eddin I. fue detenido cuando circulaba por Pascuales con 20 kilos de cocaína.

El policía de 32 años iba en un carro similar a los de la institución y los uniformados que ejecutaron su captura hasta se sorprendieron al notar que ya había sido detenido en diciembre pasado, nada menos que por el caso Metástasis, pues era uno de los policías que había vigilado la casa del narcotraficante Leandro Norero cuando quedó a disposición de Inmobiliar.

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Eddin I. estaba con medidas cautelares y seguía trabajando de forma regular en la Policía Nacional, explicó en ese entonces el general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

El general sostuvo que por tecnicismos no habían podido desvincular al uniformado de la institución. Y señaló que Edwin I. no faltó a su trabajo al recibir medidas cautelares en diciembre pasado y que ahora en el nuevo proceso, al recibir la orden de prisión preventiva, ya no acudiría a laborar y con tres falta injustificadas se le podía dar de baja.

Prisión preventiva para policía detenido con 19,5 kilos de cocaína e investigado en el caso Metástasis

Herrera sostuvo que desvincular a un uniformado no es tarea fácil porque existen leyes y reglamentos que incluso les permiten ser indemnizados aunque pasen años y hayan sido declarados culpables de graves delitos.

El año pasado el entonces comandante de la Policía, general Fausto Salinas, reveló que solo entre enero del 2020 y junio del 2023 un total de 286 expolicías dados de baja habían logrado regresar a la institución a través de acciones jurisdiccionales.

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Algunos de los uniformados fueron separados por incumplimientos de orden administrativo y otros por estar involucrados en delitos, en los cuales incluso han recibido sentencias.

Uno de los casos que más llama la atención es la reincorporación de un expolicía que en 2014 fue sentenciado a un año de prisión por el delito de robo.

El servidor policial se dio a la fuga, prescribió la causa y solicitó ser reincorporado a la institución, lo cual se hizo efectivo a través de un juzgado de Puebloviejo, en Los Ríos.

Asimismo, la justicia dispuso la reincorporación de cuatro expolicías de la Unidad Antinarcóticos, los cuales fueron dados de baja por la desaparición de una parte de un decomiso de droga.

Salinas sostuvo que de no seguir estas disposiciones “terminan tratando de acusarnos por incumplimiento de orden legítima de la autoridad competente e incluso tratan de ponerles multas al ministro, al comandante general o a cualquiera que participa en estas decisiones”.

Una fuente policial que pidió la reserva de su identidad reveló que algunas de estas órdenes judiciales han sido emitidas en la provincia de Esmeraldas.

Indicó que algunos expolicías habrían pagado hasta 15.000 dólares y presentado un contrato de arrendamiento falso para justificar hacer el trámite en esa zona del país.

Detienen en Pascuales a policía investigado en caso Metástasis

De esa forma un juez da la orden para ser reintegrado. Esta orden implica el pago que sueldos no percibidos en el tiempo fuera de la institución, altísimas indemnizaciones que superan los 100.000 dólares y ascensos aun cuando no cumplen los requisitos.

“La Policía no tiene plata para municiones, pero le toca indemnizar a policías corruptos”, comentó el abogado Julio César Cueva sobre esta situación.

Él sostuvo que hay un problema de reclutamiento, de evaluación del personal y de sanción.

Cueva mencionó el caso de Colombia, donde años atrás la Policía fue contaminada por los grupos terroristas en casi todos sus niveles y tuvo que empezar un proceso de saneamiento que requirió cambios de estatutos, normas y leyes.

El abogado penalista dijo estar seguro de que en los últimos años se han infiltrado personas que pertenecen a grupos de delincuencia organizada no solo en la Policía sino en otras instituciones del orden.

“Si uno ya tiene un proceso abierto se lo debería suspender en su trabajo hasta que se resuelva la situación jurídica. Además, para garantizar que el personal no se contamine hay que seguir procesos de evaluación permanente, pruebas aleatorias de confianza”, expuso Cueva.

El mayor en servicio pasivo Byron Osejo es abogado y fue el fundador del departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional. Trabajó en la institución hasta el año pasado y explicó que el Acuerdo Ministerial 80 firmado por María Paula Romo en 2019 tiene todos los recursos.

Dijo que el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la Policía Nacional incluye las evaluaciones que deben hacerse, las pruebas de confianza y determina qué departamento cumple qué función para evitar y combatir la corrupción, sin embargo, señaló que también falta la voluntad de los jefes para aplicar la norma.

“La Inspectoría General impone la disciplina y la corrección de faltas, mientras que Asuntos Internos se enfoca en investigar y actuar sobre denuncias internas. Por otro lado, las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia juegan un papel preventivo y protector, identificando y neutralizando amenazas antes de que estas puedan materializarse en acciones que comprometan la integridad de la policía y la seguridad del Estado”, sostuvo Osejo.

El abogado también mencionó que hay que depurar las cabezas de la Policía Nacional porque “al mando policial no llegan los más capaces, sino los más audaces”.

Además, destacó que las demandas que años después pueden interponer los expolicías para volver a la institución representan un impedimento para dar de baja a un uniformado de forma inmediata, aunque se haya involucrado en un hecho “vergonzoso”. (I)