Que en Guayaquil, la ciudad con el nivel más alto de muertes violentas del Ecuador, haya más de 600 policías que estén dedicados a vigilar arrestos domiciliarios y no a las labores de prevención del crimen y delitos es algo que desde el Ministerio del Interior se busca cambiar.
Así lo detalló hoy el ministro Juan Zapata, quien anunció que este viernes 20 de octubre se reunirá con representantes del Consejo de la Judicatura para analizar la situación de la vigilancia de uniformados a quienes se les da esta medida cautelar.
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Zapata explicó que son un total de 1.300 uniformados en el país que están custodiando viviendas de los procesados con esta medida.
“No puede ser posible que 1.300 policías estén dedicados a vigilar arrestos domiciliarios. Además, son personas que no cumplen con el perfil”, manifestó.
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Él explicó que esta medida se otorga a personas en condición de discapacidad, de embarazo, adultos mayores, entre otros motivos, que justifiquen que su pena no pueden cumplirla en la cárcel; sin embargo, en Guayaquil hay personas que están vinculadas al narcotráfico, asesinato, violación y no tienen ninguno de estos tres perfiles.
Añadió que esta situación de vigilancia fuera del domicilio también representa un riesgo grande para el uniformado en muchos casos, ya que hay algunos sitios que no cumplen con las características de infraestructura y están en sitios conflictivos.
El funcionario añadió que se espera sumar uniformados para la vigilancia y prevención de delitos, que para noviembre próximo se integrarán unos 7.300 nuevos policías.
Y que sumado a estos habrá unos 20.300 gendarmes para los próximos meses a nivel nacional, sin embargo, la meta es llegar a 30.000 policías.
“Pedimos al presidente (electo) que complete los 30.000 policías a nivel nacional para continuar con el plan de reforzar esta institución”, comentó. (I)