El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró, la mañana de este martes, la nulidad de la decisión tomada por la expresidenta del organismo María del Carmen Maldonado, que dejó insubsistente la suspensión contra el fiscal de la provincia de Manabí Juan Carlos Izquierdo, quien estaría relacionado al caso que investiga la muerte de Naomi Arcentales, hecho ocurrido a inicios de diciembre pasado.
Según el pleno del CJ, la revocatoria dictada por Maldonado, la cual se conoció luego de renunciar al cargo de presidenta de la Judicatura, no solo carecería de motivación, sino también se explicó que no han variado las circunstancias que generaron la suspensión inicialmente. La ratificación de la suspensión de Izquierdo fue tomada por el pleno seis días después de que Maldonado la levantó.
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Maldonado renunció a ser la titular del CJ el miércoles pasado, debido a diferencias con una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que le retiró de la presidencia de ese organismo la potestad de suspender a funcionarios judiciales.
El nuevo presidente del CJ, Fausto Murillo, manifestó que para tomar la decisión de ratificar la suspensión de Izquierdo se solicitaron los informes jurídicos respectivos a la dirección general y jurídica y se priorizó el tratamiento de este tema en la reunión de este martes.
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A decir del pleno del CJ, la decisión de revocar de la expresidenta carece de motivación suficiente, pues simplemente María del Carmen Maldonado habría señalado que la revoca por cuanto ha presentado su renuncia al cargo de presidenta del CJ. “Esa escueta motivación aducida por la expresidenta Maldonado, de acuerdo con la recomendación del área técnica, le afecta de nulidad insubsanable a esa decisión”, apuntó Murillo.
Luigi García, abogado de la familia de la víctima, cree que la decisión de la expresidenta Maldonado fue devolverle la responsabilidad a la CC y decirle: “miren, este caso emblemático me toca revocar porque ustedes se han equivocado en el otorgamiento de las facultades que se le debe conceder al presidente de la Judicatura”.
En los exteriores del Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito, a la misma hora que se realizaba la reunión del pleno, García, Sara Sabando, madre de Naomi, junto a otros familiares y amigos hicieron un plantón para exigir justicia no solo en el caso, sino para que se ratifique la suspensión del fiscal que es investigado como sospechoso del crimen.
Sabando, antes de ingresar a una reunión en el Consejo de la Judicatura, dijo tener la esperanza de que la decisión que tome el pleno del CJ sea la correcta y transparente, para así recuperar la confianza en el sistema judicial. “Necesitamos de resultados positivos para las víctimas, para los familiares de las víctimas.
García, luego de conocer que se ratificó la suspensión del fiscal Izquierdo, informó que el término de la misma será de 90 días laborables.
“Nosotros seguiremos en pide de lucha, realizando los plantones que sean necesarios en las instituciones del Estado para que se agilite el trámite y la investigación en el caso Naomi y se sancione a los responsables. (...) En esta reunión hemos entregado insumos necesarios en torno a las razones que nosotros consideramos importantes para evitar que se obstaculice la investigación y que de esta forma pueda haber transparencia y agilidad procesal”, sostuvo García.
Reacción de la defensa
Julio César Cueva, abogado defensor de Juan Carlos Izquierdo, dijo que no le preocupa lo que dictaminó el CJ, pues considera que es una decisión mediática de un organismo “que ha venido de mal en peor”.
Señaló que “las cosas que empiezan mal acaban de esa forma y que al final del camino esta decisión tendrá consecuencias”.
Cueva sostuvo que esperará que luego de un tiempo todo lo actuado en contra de su defendido se caerá por su presunta ilegalidad.
“Yo no voy a pasar tiempo discutiendo con gente que no entiende, no porque no puede, sino porque no quiere y no voy a ponerme a litigar en redes sociales tampoco. El país pronto sabrá que lo que la señora Sara Sabando (madre de Naomi) busca no es justicia para la hija, sino venganza personal, ella sabe a lo que yo me refiero y el país pronto lo va a saber”, declaró Cueva.
El jurista indicó que ya inició una acción de protección en contra de la Policía Nacional y de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por la detención irregular que sufrió su defendido en diciembre pasado en el cantón Paján, donde se lo retuvo sin siquiera haber una boleta de captura.
Expresó que la práctica de pruebas se suspendió y se está a la espera de la reinstalación de la audiencia, que se daría entre unos 10 a 15 días. (I)