Esta madrugada, en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo se dictó prisión preventiva para tres de los seis detenidos por presunto delito de lavado de activos por parte de la empresa PipMaster Cía. Ltda.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra las seis personas. Esto, tras los operativos realizados ayer en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí, donde se realizaron 36 allanamientos.

El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, en donde era la base de operaciones de esta empresa, dictó prisión preventiva para Cristhian J., Vicente S. y Christian Andrés R.; mientras que a Gabriela A., Natalia G. e Iván G. les dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica.

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Captadora ilegal de dinero, que tenía base en Santo Domingo, movilizó $ 41 millones y operaba en varias provincias, según ministro del Interior

También decidió la retención de las cuentas bancarias de todos los procesados, incautación de cinco automóviles, cinco motocicletas y seis bienes inmuebles. Cuatro de estos están ubicados en Santo Domingo, uno en Manta y otro en Quito.

Según Fiscalía, las investigaciones que tuvieron por más de dos años revelaron que la empresa PipMaster ofrecía rendimientos a sus inversores desde el 8 %. Para mover el dinero de origen presuntamente ilícito, la empresa desarrolló un sistema de varias compañías que ofrecían productos y servicios.

El inicio de la investigación también sería ante una alerta emitida por la Superintendencia de Compañías, ya que esta empresa no estaba registrada para realizar operaciones de casa de valores.

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Fiscalía realizó allanamientos en seis provincias por lavado de activos. Ministro señaló que hay seis detenidos vinculados por movilizar $ 41 millones en el sistema financiero

Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, esta red habría movido un aproximado de $ 41 millones durante el tiempo que fue investigada. De esos montos, dijo que $ 36 millones ya estarían identificados, constituyen bienes que pertenecen a empresas ligadas a la red.

A partir de hoy, la instrucción fiscal del caso tendrá una duración de 90 días en los que Fiscalía preparará el caso y analizará las evidencias levantadas en los allanamientos. (I)