Carlos Marroquín, director de Reconstrucción de Tejido Social del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, está de visita en Ecuador para participar en un seminario internacional de seguridad integral organizado por la empresa Ceroseis.
Antes de aquello el funcionario habló con varios medios de comunicación sobre la situación de inseguridad que azota al país. Se refirió a las medidas urgentes adoptadas desde el 1 de abril por el Gobierno de Guillermo Lasso, entre ellas, la autorización del porte de armas de uso civil para defensa personal.
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Habló también de la crisis carcelaria, de la delincuencia organizada y de cómo, a su juicio, deben enfrentarse estas problemáticas. La clave de todo, dice, es la voluntad política acompañada de inversión.
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El porte de armas de la sociedad civil, ¿contribuye a contrarrestar la inseguridad tomando en cuenta cómo está la realidad ecuatoriana?
A opinión personal, el porte de armas no creo que sea una decisión acertada, no creo que sea un aporte positivo porque la situación puede agravarse. La decisión acertada es tener la voluntad política de que como Estado se tome la seguridad de los ciudadanos como prioridad y se tomen decisiones con base a eso.
No se debe esperar a que la situación empeore y ver a personas llenas de explosivos solo por el no pago de una vacuna. En nuestro país se fortalecieron los cuerpos de seguridad porque ellos son los que deben de velar por los ciudadanos. El hecho de dar armas a un ciudadano puede generar que haya guerra dentro de una sociedad.
Tú no sabes cómo va a reaccionar una persona, si es que ese día se levantó molesto o airado. Se puede generar una ola de crímenes que quizá queden impunes.
Por ello en El Salvador no se dio paso a esa medida...
Lo que se hizo fue que el Estado tomara el control y demostrara su fuerza pública y eso permitió que más de 70.000 miembros de pandillas estén tras las rejas.
Al permitir el porte de armas o permitir este tipo de medidas se está diciendo: Yo ya no puedo, vean si ustedes pueden. Y eso no debería de ser así porque el Estado debe decir: Yo si puedo, aquí estoy, tu me elegiste.
¿Cómo se alcanza la paz social en una sociedad como la ecuatoriana en la que a diario se registran asesinatos y ataques con explosivos?
Si se quiere cambiar una sociedad, sobre todo, en Latinoamérica en donde los países se han visto llenos de corrupción, impunidad y gobiernos paralelos (crimen organizado, carteles, bandas), se requiere de voluntad política y de ser popular en medio del pueblo.
Se requiere de carácter y de tomar las riendas del tema que más preocupa a una sociedad que es la seguridad.
En El Salvador se llegó a un punto de tener más de 20 homicidios a diario. Además de tener un escenario en el que existía un gobierno paralelo que se cimentó no solo en el crimen, sino con la política, con gobiernos anteriores para negociar beneficios que estaban alejados de lograr la paz.
Se han dispuesto más policías en zonas conflictivas de Ecuador, la Zona 8 es una de ellas. ¿Esto es pertinente y ayuda a combatir el problema?
El tema de la violencia debería verse de forma holística, no se puede atender solo con represión debe hacerse con inversión pública. Más policías yo diría que no es la solución. Mejor comenzar a dotar bien al policía que ya se tiene a brindarle condiciones para que el se sienta cómodo para otorgar el servicio de seguridad a la ciudadanía.
Si no se brinda las condiciones, entonces tienes a una policía que se corrompe. Además, si no existe voluntad política de todos los sectores que componen el Estado, en este caso el sistema judicial, hay un desgaste del cuerpo de seguridad porque ellos ejecutarán sus labores, pero el arrestado quedará libre a la hora, a las dos horas.
Aunque se incremente el número de policías a ellos lo que les vas a generar es desgaste al no sentir que se valora el trabajo que hacen. De nada sirve llevar a 20 cabecillas delante de la ley si un juez los deja libres.
En Ecuador se dice que parte de las órdenes de asesinatos y manejo de drogas sale de las cárceles, ¿de qué manera se deberían intervenir estos recintos considerando que existen problemas estructurales y de hacinamiento?
Primero hay que tomar el control de las prisiones, colocar bloqueadores de señal y restringir las visitas. En nuestro país se ha criticado este último punto, pero hay que considerar algo y es que esas visitas eran quienes llevaban las órdenes para la extorsión del empresario, del ciudadano bueno o del dueño de una pequeña tienda.
Al tener un control de las prisiones se evita que los líderes históricos de las mafias puedan tener la opción de enviar órdenes, allí se corta de raíz. La construcción de una nueva cárcel también es una opción.
¿Cómo lidiar con la capacidad económica, operativa y hasta logística que tienen las organizaciones criminales?
Es difícil, porque no puedes enviar a tu fuerza de seguridad a pelear con cuchillos y tenedores contra bazucas, contra tanques o lo que puedan tener los criminales. Para eso se necesita inversión. En El Salvador, por ejemplo, lo primero que se hizo fue tecnificar, dotar de equipos especiales como cascos, chalecos, armamentos.
Dentro de la fase 3 del Plan Control Territorial se destinó al menos unos $ 500 millones, parte del presupuesto de la nación.
Tal como está Ecuador, ¿es necesario el apoyo internacional?
Se deben aceptar las sugerencias, pero las decisiones deben ser soberanas. Los mandatarios son quienes conocen la realidad, si las cosas se salen de control se debe de pedir ayuda, pero de amigos y no de quienes vengan a decidir por ti.
Este es el horario de toque de queda que regirá para la Zona 8, Santa Elena y Los Ríos
¿Cuándo se rompe el tejido social de una sociedad?
Se rompe cuando el Estado está ausente, cuando el Estado no es garante de suplir aunque sea las necesidades básicas de una sociedad. El Estado debe ser garante del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y velar para que se cumplan los deberes.
¿La fuerza entonces sería la última opción para lograr paz social?
Sí. Se requiere llevar de forma paralela la inversión pública, la garantía de tener condiciones dignas en el aspecto educativo. Si no se hacen estas cosas, no puedes esperar resultados distintos. (I)