El 52 % de personas desaparecidas en el Ecuador son mujeres; en lo que va del año han aumentado los casos

“¡Devuélvanme a mi hija!” es el grito desesperado que Elizabeth Otavalo ha repetido sin descanso desde que su hija, María Belén Bernal, de 34 años, desapareció la madrugada del domingo 11 de septiembre.

El reclamo es hacia la Policía Nacional, porque María Belén, abogada de profesión y mamá de un niño de 13 años, ingresó a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo para ver a su esposo, que era instructor de la academia, y desde entonces no se supo más de ella. Hay registro de su entrada a las instalaciones, pero no de su salida.

El caso lleva una semana. Hasta ahora se desconoce la ubicación de Bernal y tampoco se tienen noticias del paradero de su esposo, el teniente Germán Cáceres, señalado como el principal sospechoso. Él puso el lunes la primera denuncia por la desaparición y rindió versión en Fiscalía, donde fue retenido por el lapso de ocho horas; pero, al no haber cargos ni orden de prisión en su contra, salió sin volver a aparecer.

Para el 15 de septiembre se emitió una boleta de captura para detener al teniente, y la Policía ofrece una recompensa de hasta $ 20.000 para localizarlo.

Al cuarto día de la desaparición, el ministro del Interior, Patricio Carrillo —que ahora se encuentra fuera del país para asistir a la boda de su hija—, reconoció que hubo falencias en los controles del recinto policial cuando Germán Cáceres abandonó el recinto policial sin que su vehículo fuera revisado.

Por la negligencia en el ingreso y salida de la Escuela Superior, el presidente Guillermo Lasso dispuso la separación del director y de otros diez funcionarios.

El Gobierno y la Fiscalía se han lanzado acusaciones mutuas de comisión de errores en el proceso, especialmente por la no detención del presunto responsable. Hasta el momento, han rendido declaraciones más de una docena de personas, y fue detenida la cadete Joselyn Brigitte S. P.

El sábado se realizó una audiencia judicial, en Quito, en la cual la Fiscalía formuló cargos contra la cadete por presunta desaparición involuntaria, y la jueza ordenó prisión preventiva por una supuesta participación de Joselyn Brigitte S. P. en los eventos que llevaron a la pérdida de la abogada.

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El 52 % de personas desaparecidas en el país son mujeres

Lo ocurrido con María Belén Bernal estremece al país. Mientras su caso se desarrollaba, el viernes 16 de septiembre fue encontrado en Tulcán (Carchi) el cadáver de otra mujer que estaba reportada como desaparecida desde el 7 de septiembre. Era Dayana Ortega Cuaspud, de 23 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

El presunto responsable del crimen de Ortega es su pareja sentimental, Jimmy Stalin G., padre del hijo que esperaba la víctima. El sujeto fue capturado y recibió prisión preventiva por el presunto delito de femicidio.

En Ecuador desaparecen más mujeres que hombres. Según estadísticas del Ministerio de Gobierno, entre enero y julio de 2022 se reportan 392 personas desaparecidas, de las cuales el 52,8 % son mujeres y el 47,2 % son hombres.

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Por grupo etario, de acuerdo con las cifras, en adultos mayores desaparecidos, el 13 % son mujeres y 1 % son hombres; en casos de adultos, el 26 % son hombres y el 65 % son mujeres; en niños y adolescentes, el 73 % son hombres y el 22 % son mujeres.

En los años 2020 y 2021 las desapariciones de mujeres también superaron a las de hombres, con el 51 % y 53 %, respectivamente.

“Nadie debería desaparecer, ni mujeres ni hombres”, reclama Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), quien ve con preocupación que en apenas siete meses del 2022 ya suman 392 desapariciones, una cifra que supera los 360 casos de todo el año 2021 y los 227 del 2020, según datos del Ministerio de Gobierno.

Que la mayor cantidad de víctimas sean mujeres con frecuencia tiene que ver con violencia de género, anota Rueda.

“Luego de poner la denuncia, es responsabilidad del Estado encontrarlas. Pero muchas veces nosotros, para dolor nuestro, las encontramos muertas por femicidios”, lamenta.

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Apunta, además, que existen fallas en el sistema de justicia: por el trato “insensible” que en muchos casos reciben los familiares; por la falta de personal especializado y carencia de recursos económicos en las instituciones, lo que demora o entorpece los procesos para encontrar a las víctimas y detener a los responsables; y por una carencia de políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia de género y las desapariciones de personas.

Aunque desde noviembre de 2017 está vigente la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y desde enero de 2020 rige la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, a criterio de Lidia Rueda estas normas actualmente “son letra muerta”, porque no ha habido decisión política para impulsarlas y hacerlas cumplir.

La inoperancia del sistema lleva a que muchos familiares de las víctimas terminen convirtiéndose en una suerte de investigadores, que buscan por cuenta propia indicios del rastro de sus seres queridos y de los responsables de desaparecerlos, debido a que las diligencias judiciales se estancan, añade Mishell Medina, vocera del Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem).

Medina recuerda el caso de Giovanna Pérez, desparecida el 4 de diciembre de 2010, en Ambato, quien doce años después todavía no ha sido encontrada. El sospechoso es Andrés L., expareja sentimental de la víctima. La vocera de Covidefem explica que, así como ocurrió con la actual situación de María Belén Bernal, Andrés L. rindió su versión en la Fiscalía por la desaparición de Giovanna y después no se lo ha vuelto a ver.

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Cecilia Espinoza, docente universitaria y abogada especializada en el ámbito familiar y violencia contra la mujer, señala que las desapariciones y muertes de mujeres mucha veces suceden por personas en las que ellas confiaban.

Espinoza coincide en que la norma para erradicar la violencia contra la mujer resulta insuficiente para solucionar esta problemática si el Estado no destina el presupuesto necesario. Y citó las recientes cifras publicadas por la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en el Ecuador, las cuales exponen que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2022 se han cometido 206 femicidios.

“En las circunstancias en las que estamos, ser mujer viene siendo un factor de riesgo, porque el mensaje que se da a la sociedad cuando no se hace una adecuada investigación, un adecuado seguimiento, cuando no hay interés político, cuando no se asignan los fondos, cuando esto pasa como cualquier cosa, es un mensaje terrible, porque las víctimas quedan completamente en la indefensión”, critica Cecilia Espinoza.

¿Qué hacer cuando una persona desaparece?

Lo primero es tener claro que no existe un tiempo establecido para poner una denuncia por desaparición de una persona. Es decir, no se deben esperar 24 horas o más desde que se perdió contacto, como se cree comúnmente, aclara la presidenta de la Asfadec.

Lidia Rueda explica que hay que llamar al ECU911 y reportar el caso de inmediato, así sea que hayan pasado pocos minutos desde que no se tienen noticias del ser querido.

Después, recomienda, hay que trasladarse a las oficinas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

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“Si les dicen a los familiares en la Dinased que no pueden recibir la denuncia, hay que recordarles que tenemos una ley que dice que ellos deben recibir la denuncia”, resalta Rueda, y enfatiza que deben ser insistentes en cualquier dependencia para que las diligencias avancen.

Si una vez que se formalizó la denuncia la Policía tarda en emitir el afiche de búsqueda, con la fotografía y datos de la persona desaparecida, se sugiere tomar contacto con la Asfadec para que ellos puedan impulsar la divulgación del cartel en redes sociales y otros medios.

“Es una pesadilla que no queremos que nadie la viva”, dice con tristeza Rueda, porque en medio del proceso las víctimas y familiares sufren revictimización y discriminación. (I)