Cada año, desde el 2017, el Municipio de Durán le ha venido cobrando a sus habitantes una tasa que oscila entre $ 1 y $ 150 por concepto de “seguridad ciudadana”, algo que los habitantes de la quinta ciudad más poblada del país no perciben. Reclaman acciones inmediatas, ya no soportan más tener que encerrarse temprano en sus casas para no ser víctimas de la delincuencia o quedar en medio del fuego cruzado entre bandas ligadas al narcotráfico.

Esa tasa, que se cobra según el avalúo del impuesto predial, fue creada mediante ordenanza municipal el 3 de octubre de 2016 durante la alcaldía de la correísta hoy asambleísta por UNES, Alexandra Arce. La recaudación empezó en enero del 2017 y continúa hasta ahora.

Según el documento, que tiene como base el catastro predial, por cada año se deben recaudar $ 355.299. El objetivo, consta en la ordenanza, era colocar cámaras y otros dispositivos para “la prevención de la violencia y la reducción de la delincuencia”.

En sus dos últimos años de gestión, la administración de Arce debió recaudar algo más de $ 700.000, y una cifra similar debió ingresar en los dos años que lleva su sucesor, Dalton Narváez (PSC). Los montos recibidos por el cobro de esa tasa, según la ordenanza, los maneja el Consejo de Seguridad de Durán.

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¿Qué se ha hecho con el dinero?

“Pudimos instalar alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, pudimos poner iluminación, adecuar los espacios públicos”, declaró Alexandra Arce en una entrevista con Teleamazonas.

Sin embargo, Yeferson Tenorio, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad de Durán, entidad que maneja los fondos provenientes de esa tasa, le dice a este diario que la administración de Arce solo instaló cinco cámaras y 31 sistemas de alarmas comunitarias con 442 botones de pánico. “Esta administración ingresó en mayo del 2019 y no encontró valores correspondientes al rubro de seguridad”.

Arce dejó además dos cabinas con sistema de videovigilancia, una torre de radio frecuencia y una sala espejo con dos estaciones de trabajo de un monitor, cuatro pantallas Smart TV y equipos informáticos necesarios para la operatividad del sistema de vigilancia.

El cerro Las Cabras, en Durán, calificado como el mayor centro de distribución de la droga, carece de cámaras para monitorear actividades ilícitas. Foto: Archivo

En Durán hay otras 62 cámaras, pero esas fueron puestas por el ECU911, su conectividad y mantenimiento se pagan con los fondos provenientes de la tasa municipal para seguridad. Pero una parte de esas cámaras apunta a las puertas de instituciones educativas, para evitar el microtráfico de drogas en sus exteriores, aunque hace dos años no hay clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19.

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Ya en el 2017, cuando empezó a cobrarse la tasa de seguridad, la propia Arce decía que el 60 % de lo recaudado iba a destinarse para implementar alarmas comunitarias en sectores donde estén establecidos consejos barriales de seguridad. Y admitía que, aunque inicialmente se había planificado la instalación de muchas más cámaras de vigilancia, eso no sería posible al reconocer la falta de recursos; a cambio suscribió un convenio interinstitucional con el sistema ECU911.

¿Y qué ha hecho la administración de Dalton Narváez?

El actual alcalde dice que no son $ 700.000 lo que se ha recaudado en dos años que lleva al frente del Municipio. “Es más o menos medio millón de dólares, que ahora van a ser invertidos en cámaras de seguridad, en el personal que las opera y en una sala de monitoreo que se adecuará para aquello”.

Según Narváez, “los planes de seguridad quedaron truncados por la pandemia”, por eso no se han instalado más cámaras. Y el secretario del Consejo de Seguridad de Durán complementa: “El 2020 fue un año difícil para esta gestión, el presupuesto fue dirigido directamente a enfrentar al COVID-19 en Durán. Se colaboró con el personal que trabajó en la primera línea con trajes de bioseguridad, mascarillas, equipos y material de fumigación”.

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El alcalde Dalton Narváez y el jefe de la Policía de Durán, William Calle, en el más reciente Consejo de Seguridad del cantón. Foto: Marco Carrasco

Ahora la autoridad municipal planea comprar 140 cámaras nuevas para instalarlas en 47 sectores conflictivos y manejar su propia sala de monitoreo, con el apoyo de la Policía Nacional. También estudia cobrar la tasa solo a los residentes de sectores que cuenten con la vigilancia.

Pero los habitantes de Durán, hostigados de tanta delincuencia, exigen cuentas claras y acciones inmediatas. “¿De qué seguridad nos hablan?, ¡aquí no se ve retribuido en nada esa tasa que nos cobran!”, se quejaba en un plantón por la paz y la seguridad el ciudadano Roberto Pérez.

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“Aquí los delincuentes andan campantes por las calles, armados, a plena luz del día y nadie hace nada. Es triste e indignante estar a las 6 de la tarde ya encerrado en la casa, amanecer y escuchar al vecino que le han robado, que se le han metido a la casa”, reclama Pedro Ortiz, afuera de su negocio. “¡Ya es hora de que hagan algo!”.

Arce, ahora en la Asamblea, aprovechó la presencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en la sesión de la Comisión de Seguridad, efectuada el 28 de julio, para pedirle una intervención integral por parte del Estado y que se declare un toque de queda y estado de excepción en Durán.

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La ministra Vela se comprometió a atender la crisis de inseguridad en el cantón, pero enfatizó que se necesita el apoyo municipal también: “El fenómeno delincuencial que ocurre en Durán tiene vínculo con las situaciones en las cárceles. Es indispensable que se haga un trabajo conjunto con los municipios para enfrentar esta situación”.

La exalcaldesa, crítica de la actual administración, dice que “han pasado dos años” desde que finalizó su periodo y que su sucesor “debió seguir instalando las cámaras”. En su periodo se pusieron cinco y en los dos años que lleva Narváez ninguna, aunque ahora ofrece instalar 140.

En Durán hay un problema social

El coronel William Calle, jefe del Distrito Durán de la Policía Nacional, afirma que “el principal problema” del cantón es la droga, porque deriva en sicariatos cometidos por bandas que pelean por el territorio. Hasta finales de julio se contabilizaban 42 asesinatos en esta jurisdicción ligados al narcotráfico. La cifra, en siete meses, ya es más grande que la de todo el 2020, cuando se registraron 40 sicariatos en Durán.

Y, por otro lado, están los problemas que causan los consumidores: asaltan a transeúntes y dueños de negocios, roban medidores, tapas de alcantarillas, se sustraen cables y dejan inservibles los semáforos, todo para conseguir algo de dinero para comprar sustancias como la H.

Dos muertos y un herido fue el saldo de uno de los últimos ataques entre bandas en Durán. Foto: Cortesía

“Aquí tienen que venir varias instituciones, el MIES, el Ministerio de Educación, el problema de Durán es la droga, hay muchos consumidores y muchos traficantes. Esta plaza de Durán es muy apetecida. De un kilo de heroína, que cuesta $ 7.000, sacan como 20.000 dosis de la H y cada una cuesta $ 3; es decir, sacan como $ 60.000, por eso es que se matan, por la lucha del territorio para vender la droga”.

La Policía también se queja por la falta de equipos para la vigilancia: “En el cerro Las Cabras tenemos una cámara que está inservible”, asegura el jefe de Distrito. “En varios parques, donde se dedican a consumir drogas, no hay luz ni cámaras de video. Muchos crímenes quedan en la impunidad porque no hay cámaras”.

A eso hay que sumarle que en Durán, la Policía tiene patrulleros que ya han pasado su vida útil, algunos vehículos con más de quince años de antigüedad tienen que recorrer calles de tierra, sin asfalto.

Otra inconformidad de la Policía tiene que ver con el sistema de justicia.

Solo en la última semana de julio, la Policía decomisó en Durán 12 armas de fuego, recogió casquillos calibre 23 para uso de fusiles, otros de calibre 45 y 9 mm. “Todos los días cogemos muchachitos con armas de fuego”, dice el coronel Calle.

La ley castiga la tenencia ilegal de armas con penas de 3 a 5 años, pero como son menores no reciben esas penas y en poco tiempo están en las calles.

Cinco ataques armados en Durán dejaron un muerto, cuatro heridos y una casa baleada a mediados de junio. Foto: archivo

“Llevamos 200 personas detenidas en lo que va del año, hago un llamado a los operadores de justicia, la ley es muy clara en cuanto a penas, pero los vemos a los dos o tres meses nuevamente en las calles”, se queja el oficial.

La semana pasada, la Policía capturó a alias ‘La Firma’, que tiene antecedentes por cinco asesinatos. ¿Qué hacía en las calles y no en la cárcel? Lo encontraron en poder de una subametralladora. “No sé qué está pasando con el sistema de justicia. En Durán se detiene a una banda de sicarios y aparece otra”, dice, contrariado, el jefe de la Policía.

Mientras las quejas siguen y las acciones de las autoridades no se concretan, la ciudadanía se indigna y también se lamenta. “No hay ciudad en el país que le hayan caído tantos males a la vez”, dice Jorge Ruiz. “Nos falta agua, faltan obras y ahora abunda la inseguridad. ¡Ya es hora de que hagan algo!”. (I)