‘No son prisioneros de guerra para ir a cuarteles, los detenidos por terrorismo deben ser sometidos ante la justicia ordinaria’

Más de 900 personas han sido detenidas a nivel nacional esta semana tras la declaratoria de conflicto armado interno en el país por parte del presidente Daniel Noboa, quien ordenó a las fuerzas militares neutralizar a las bandas del crimen organizado transnacional, 22 de las cuales son consideradas organizaciones terroristas según el Decreto 111, vigente desde el martes 9 de enero.

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Muchos de los capturados en Esmeraldas, Guayaquil, Quevedo, Machala y otras zonas serían parte de estas organizaciones dedicadas a robar, traficar, extorsionar, secuestrar y asesinar para financiar sus actividades ilícitas.

Algunos de los detenidos serían procesados por el supuesto delito de terrorismo que el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de diez a trece años de cárcel y que con agravantes puede llegar a 17 años de prisión.

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Pero ¿cómo es el proceso para estas personas y a qué centros serán enviadas considerando la crisis del sistema penitenciario? De hecho, recién la noche de este sábado 13 fueron liberados funcionarios que estaban retenidos en al menos siete reclusorios del país.

Algunos usuarios de redes sociales han propuesto mantener a los aprehendidos por presunto delito de terrorismo en los cuarteles militares y que hagan trabajo comunitario hasta que sean procesados y encarcelados.

El abogado constitucionalista Kléber Siguencia aclara que a los presos por terrorismo se los debe llevar ante la justicia ordinaria para que sean procesados en un máximo de 24 horas (eso dura la flagrancia), como indica la ley.

El jurista explica que este es un delito civil, no un delito de guerra, por lo que descarta que los detenidos puedan ser llevados a cuarteles militares.

“Si los estuvieran procesando por genocidio sería diferente, pero ellos no son prisioneros de guerra. No los pueden tener en retenes o cuarteles miliares porque la ley dice lo contrario”, sostiene el abogado, quien menciona que sí le preocupa el hacinamiento que se daría por todos los operativos que hay.

Con él está de acuerdo el penalista Julio César Cueva, quien refiere que en la Constitución se prohibió este tipo de detención en cuarteles militares para evitar las desapariciones, pues era justamente lo que pasaba en las dictaduras latinoamericanas en los años 70.

“A raíz de esa experiencia son las constituciones de todos estos países, está expresamente prohibido esa práctica de meter presa a la gente en los cuarteles militares”, señala Cueva.

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Por lo que deben ser llevados en cuestión de horas a hacerles un chequeo médico a un centro del Ministerio de Salud Pública (MSP), para confirmar su estado de salud, y luego a la sala de Detención Transitoria de la Fiscalía de Flagrancia (junto al Cuartel Modelo) para esperar la audiencia de calificación de flagrancia.

Este sábado en ese recinto había más de 20 aprehendidos esperando un turno para su audiencia y luego la derivación a las cárceles.

Siguencia y Cueva esperan que la construcción de las nuevas prisiones sea rápida, porque dicen que el hacinamiento podría ser un problema al llegar cada día tantos reos.

Por ahora los aprehendidos que son sometidos a la audiencia y a los que les dictan prisión preventiva son llevados a los centros carcelarios más cercanos, dijo un funcionario de la Fiscalía de Guayaquil, donde ambas cárceles (Penitenciaría y Regional) están habilitadas.

Por ejemplo, los detenidos en Machala son enviados también a la cárcel de Guayaquil, pues la prisión de esa localidad seguía tomada por las bandas y este sábado incluso fue asesinado un guía penitenciario y los reos colocaron tanques de gas en los techos para evitar una incursión militar.

La fuerza pública ya retomó el control de las cárceles la noche de este sábado.

Hasta la tarde del viernes 12 de enero las Fuerzas Armadas dieron un informe en el que se reportaron 859 personas detenidas a nivel nacional, 94 de ellas por presunto terrorismo, y que habían abatido a seis sujetos identificados como terroristas.

El más reciente caso se dio en Sucumbíos, en el recinto Nueva Esperanza, donde un joven de 18 años disparó contra un policía cuando era perseguido en medio de un maizal. Iba acompañado de otros dos hombres que fueron denunciados por la población. Los otros fueron detenidos.

También se ha logrado recapturar a 27 reos que fugaron esta semana de distintas cárceles tras el ingreso de los militares.

Solo en Guayaquil, entre el 8 y el 12 de enero se consiguió la captura de 175 personas: 45 están siendo procesadas por tráfico de drogas, 26 por terrorismo, 25 por secuestro extorsivo, 23 por tenencia de armas y el resto por delitos menores.

Durante la mañana y tarde de este sábado 13 de enero también se han reportado nuevas detenciones mediante redes sociales en varios puntos del país. (I)