En el caso Depuración Azul, que involucra a cinco policías y tres civiles, se han develado nuevos detalles sobre el manejo irregular de municiones de la Policía con fines de abastecer a grupos delictivos.
Este caso surgió a inicios de julio de 2025 con una serie de intervenciones que derivaron en la captura de los procesados en Pichincha, Guayas, Cotopaxi e Imbabura.
En ese entonces, la audiencia de formulación de la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados durante la fase de investigación previa, que se inició el 13 de enero de 2025. En ese entonces, el juez dispuso prisión preventiva para siete involucrados y medidas alternativas para un octavo procesado.
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Entre los documentos presentados se incluyeron informes de seguimientos y vigilancias, de interceptaciones telefónicas y de relacionamiento telefónico.
Según las indagaciones, Francisco P., cabo de la Policía y encargado del Departamento de Almacenamiento de la Dirección de Logística de la institución, habría sustraído municiones para fusiles calibre 5,56 milímetros y proyectiles 9 milímetros para pistolas.
Los uniformados habrían usado nexos entre las organizaciones criminales y quienes hacían las entregas a través de un taxista y también por encomiendas de empresas de transporte interprovincial a Guayas.
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En una audiencia de apelación, realizada en días recientes, la fiscal del caso expuso que dentro de este los involucrados también habrían intercambiado comunicaciones y se dio la incautación de municiones donadas por la Embajada de los Estados Unidos, las cuales también habrían resultado inmersas en la red irregular.
La Fiscalía plantea que esta organización tenía la práctica común de entrega, a través de encomiendas, a un grupo de delincuencia organizada. (I)
