115 Policías Comunitarios se replegan por ataques, el trabajo es virtual en 171 UPC

La voz de alerta se inició vía chat, a través de los grupos de whatsapp de los policías en los barrios, con el mensaje ‘Ayúdanos a encontrarla’. Rápidamente, la foto, la edad, ropa que vestía y el lugar donde la niña Fernanda Siguencia, de 3 años, había sido vista por última vez, todo estaba en los teléfonos y en las redes sociales. La menor había desaparecido a las diez de la mañana del sábado 29 de octubre en el mercado del Batallón del Suburbio de Guayaquil, y antes de las seis de la tarde fue hallada por una mujer que la llevó a un centro de salud donde varios policías contactaron a los familiares.“Cada policía comunitario maneja cinco chats en su territorio, de comunidades educativas, de población, unas 500 personas, eso permite viralizar y tener respuestas oportunas”, contó Robert Yaselga, coordinador de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en la Zona 8, formada por Guayaquil, Durán y Samborondón.En el caso de la desaparición de la niña, explica Yaselga, la primera voz dada por la policía comunitaria permitió que se conozca donde fue vista la menor , “en qué parte, así nuestras unidades fortalecieron el patrullaje por donde se dio la información y de esta manera fue que se la encontró”. La zona 8 está dividida en 274 subcircuitos. Cada uno debería contar con un UPC, sin embargo solo hay 171, afirma Yaselga . En los 103 subcircuitos restantes funcionan ‘UPC flotantes’, donde no hay oficinas físicas, pero sí patrullajes.En los UPC, explica el coordinador, hay 115 policías comunitarios que realizan actividades con los líderes barriales, dan capacitaciones, activan los botones de pánico en los locales comerciales para dar atención inmediata y realizan varios proyectos para reducir el consumo de drogas, prevenir delitos de violencia intrafamiliar o desalojar a libadores y adictos que ocupan los espacios públicos. Tras los ataques con artefactos explosivos, de parte de grupos delincuenciales, en varias UPC en Guayaquil y Durán, el trabajo de los policías comunitarios se ha reducido, reveló Yaselga. “No podemos exponer a nuestros policías, ellos tienen otra finalidad, no están para un patrullaje o una reacción, ellos están encaminados a difundir y socializar los servicios de la policía en la comunidad, por eso ahorita nos hemos reducido, lamentablemente”, dijo el coordinador. Yaselga indicó que las actividades se realizan, como en pandemia, de manera virtual. “Tengo 115 policías comunitarios desplegados en la zona 8, ellos siguen trabajando en el territorio, ellos no han sido retirados, pero están a buen recaudo en las instalaciones hasta que se cumplan las seguridades del caso. Ellos están trabajando en los chats comunitarios, de manera virtual con los líderes barriales. Si es necesario trasladarse a un lugar para una reunión que haya estado prevista lo hacen coordinando con equipos especializados de mayor seguridad, para que les colaboren con unidades operativas”, explicó. (I)Dos años y medio después de haberse contratado la “Ejecución de estudios de implantación, construcción y equipamiento de 100 UPC (Unidades de Policía Comunitaria) y 6 UVC (Unidades de Vigilancia Comunitaria) a nivel nacional”, el Ministerio de Gobierno contrató -en junio pasado- por $4′250.000 millones la fiscalización de esta obra fundamental para la seguridad de la ciudadanía. En diciembre del 2019, el ministerio había adjudicado el contrato de constucción a la empresa China Road and Bridge Corporation a un monto de $ 95,7 millones. Sin embargo, la fiscalización de la obra, necesaria para arrancar con los trabajos, estaba pendiente. En julio del año pasado se intentó elegir a la empresa fiscalizadora, pero el proceso fue declarado desierto y quedó suspendido pese a los altos costos que generaban los intereses por el anticipo dado por el gobierno de China para la construcción.Así lo detalla el proceso de contratación actual de fiscalización, adjudicado a la Asociación Infracorp, integrada por las empresas Infraconsult, Icorpc y Coniastam.De esas empresas, Infraconsult fue uno de los tres proveedores que presentó una cotización por ese servicio en enero pasado con un valor inferior -alrededor de $ 200.000- al contratado finalmente en este proceso.La empresa cotizó en $4′029.090, mientras que otras dos compañías ofrecieron hacer la consultoría por $ 4,4 millones y $5,1 millones. En base a esto, la institución estatal publicó un valor referencial de $4,4 millones. La asociación Infracorp fue la única de los seis oferentes en ser calificada por la comisión técnica del proceso.De las 106 Unidades de Policías Comunitarias que se construirán en tres etapas, 21 se harán en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. En Guayaquil se edificarán diez en los sectores de Malvinas Sur, Juan Montalvo, Paraíso de la Flor, Monte Sinaí, Ceibos, Sauces 6, Portete, Suburbio, Guasmo y en la calle Venezuela; en el vecino cantón de Durán se harán diez UPC, en la Herradura, Recreo, centro, Divino Niño, Abel Gilbert Pontón, Arbolito; y en Samborondón se construirá uno.De todos los predios, seis aún estaban “en proceso” de obtener las escrituras: cuatro en Guayaquil (Ceibos, Sauces 6, Portete y Suburbio), uno en Quito y uno en Esmeraldas. La fiscalización del proyecto, que incluye revisión de diseños arquitectónicos y de ingenierías, especificaciones técnicas generales y particulares de los estudios, presupuesto, obra y equipamiento contratado, se debe realizar en un plazo de 953 días, un poco más de dos años y siete meses. Ese tiempo, según los documentos, está dividido en 773 días para la ejecución del contrato y 180 adicionales para la realización de la entrega recepción definitiva.La consultoría se realizará, según el proceso, con un equipo de trabajo de 58 profesionales en ingenierías civil, eléctrica, mecánica, electrónica y ambiental. De ellos, 25 permanecerán de forma permanente y los restantes 33 estarán parcialmente.Como parte del equipamiento requerido, la asociación deberá usar un dron como soporte para la supervisión y verificación del avance de los trabajos de la obra.El Ministerio de Gobierno contrató la fiscalización de este proyecto, porque -según detalla la entidad en el proceso- no cuenta con “la cantidad necesaria de profesionales en todas las áreas como para cubrir en términos y plazos el proyecto contemplado en el contrato”, que se realizará a nivel nacional. (I)El proceso para la contratación de la empresa que hará la fiscalización de los 100 UPC contó con la participación de seis oferentes. Además de la Asociación Infracorp, ganadora del concurso, hubo otras cinco empresas y consorcios que presentaron sus ofertas, pero que fueron descalificados, en su mayoría por falta de experiencia de su personal o de los participantes.Algunos ofe rentes presentaron reclamos ante el Sercop, unos de ellos indicó -por ejemplo- que el contratista ganador presentó su oferta horas después del cierre del plazo. Sobre esta y otras observaciones no consta ninguna respuesta del Sercop ni del Ministerio en el portal de Contratación, solo se menciona brevemente, que la entidad hizo los descargos a estos reclamos. (I)

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