Casi paralelamente al fin de los 90 días de la instrucción fiscal en el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del político ecuatoriano Fernando Villavicencio, también concluirán los tres meses de suspensión que el anterior pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) decidió contra la jueza penal de Pichincha Daniela Ayala, quien luego de resolver la audiencia de formulación de cargos contra los presuntos autores intelectuales del crimen fue denunciada por la Fiscalía por una falta disciplinaria grave.