En una polémica sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, los legisladores no quedaron convencidos de los argumentos de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar a César Córdova, un exburócrata de los servicios de aduanas, como defensor del Pueblo encargado. A tal punto de que Sofía Almeida, presidenta del Consejo, llegó a expresar la frase “todos tenemos derecho a trabajar” para defender a su elegido.