La eventual vinculación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, al caso Nene la alejaría del cargo solo si se le dicta prisión preventiva y se configura una ausencia temporal, pero para que eso ocurra tanto la fiscal general del Estado, Diana Salazar, como la Asamblea Nacional tendrán un rol clave.

Este lunes 10 de junio, el denominado caso Nene, que se realiza en el marco de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República y que involucra al hijo de Abad, pasó a la Unidad de Fuero de Corte Nacional por existir elementos y disposiciones directas que vinculan a la segunda mandataria.

El fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, indicó que según la versión del denunciante e información telefónica, se determinó la participación de Abad.

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Vicepresidenta goza de inmunidad

Para Pablo Encalada, abogado penalista, el que el anuncio se haya hecho desde un video institucional ya deja ver entre líneas que la fiscal Diana Salazar cumplirá con continuar la investigación desde donde se la entrega Alarcón, ya que este cambio de unidad no implica que todo deba comenzar de cero.

Lo que corresponde, explica el penalista, es que Salazar pida a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que convoque a una audiencia para vincular a Abad y que en ese momento es cuando entra la Asamblea Nacional en juego debido a que tanto la vicepresidenta como el presidente Daniel Noboa gozan de inmunidad.

“La Corte Nacional tiene que pedir a la Asamblea la autorización para seguir con el proceso penal y esto se logra con el voto de las dos terceras partes (92 votos), aunque eso en estos momentos es complicado”, dice, debido a la tensión actual entre Legislativo y Ejecutivo.

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En un escenario en el que la Asamblea Nacional autorice que se siga el proceso contra Abad, dice Encalada, ahí dependerá de qué medida se dicte en su contra al momento de vincularla y formularle cargos, y que solo si es una orden de prisión preventiva daría pie a que se configure “una ausencia temporal” que le quitaría la vicepresidencia si se vuelve una ausencia definitiva. No aplicaría si se le termina dictando otra medida, como presentación periódica o alguna prohibición.

Presentación periódica podría ser opción antes que una prisión preventiva

Nicolás Salas, abogado penalista, comenta que si se le ordena una prisión preventiva y Abad regresa de inmediato, sería privada de la libertad, pero considera que es más probable que se le dicte una presentación periódica incluso ante el presidente de la CNJ.

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“Si se le dicta una presentación periódica, ella tendría que viajar y presentarse, y si no cumple esta medida alternativa a la prisión preventiva, ahí sí se podría solicitar el cambio a la prisión preventiva, pero hay que tener en claro que la Policía de Israel no podrá arrestarla ni mucho menos aunque esto se dicte, la consecuencia se verá cuando regrese al país”, explica.

Salas comenta también que quien terminará decidiendo la medida cautelar para Abad será un juez de la CNJ.

Si recibe una orden de prisión preventiva Abad, pasa a incurrir en una ausencia y estas están reguladas en la Constitución en el artículo 146. El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz explica que solo el hecho de recibir una prisión preventiva “la distrae del cargo y ya no estaría habilitada para ejercerlo”, aunque considera que puede ser un escenario que no llegue a darse.

“Aquí hay que ver que ni el hijo de la vicepresidenta tiene prisión preventiva y por estar cumpliendo las funciones de embajadora en Israel es probable que le den otras medidas”, dice.

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En el artículo 146 se establece que se considerará ausencia temporal de un presidente o vicepresidente cuando por “enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor esté impedido de ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses”. Muñoz comenta que si se pasa de este tiempo, automáticamente se convierte en una ausencia definitiva.

En caso de que se configure una ausencia temporal, dice Muñoz que de inmediato el Ejecutivo debe designar a una persona para que ocupe el cargo por ese lapso de tiempo y que puede ser un ministro de Estado, según el artículo 150 de la Constitución.

Si la ausencia se pasa de los tres meses “Abad ya dejaría de ser la vicepresidenta” y correspondería enviar una terna desde el Ejecutivo al Legislativo para elegir a su reemplazo, comenta.

Un escenario así dice Muñoz que ya sucedió con el exvicepresidente Jorge Glas cuando estaba en funciones en el gobierno de Lenín Moreno.

“A Jorge Glas le dictaron prisión preventiva, fue a la cárcel en octubre de 2017 y se configuró su ausencia definitiva en enero, y ahí el presidente Moreno hizo el envío de una terna. Al inicio se le encargó la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña”, explica Muñoz.

Vicuña era la titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando recibió el encargo a través del Decreto Ejecutivo 176 suscrito por Moreno dos días después de que se ejecutara una orden de prisión preventiva en contra de Glas por el caso Odebrecht. Luego fue parte de la terna que envió el entonces mandatario al Parlamento y se oficializó en el cargo hasta que renunció en medio de acusaciones de presunta corrupción.

Asimismo, Muñoz explica que en un escenario legal complicado para Abad el presidente Daniel Noboa puede también terminar retirándole la única función asignada. Al momento Verónica Abad se desempeña como embajadora de Ecuador en Israel por encargo directo del presidente Noboa.

“Si se le retiran las funciones, ella debería regresar a Ecuador, pero todo dependerá de la medida que se tome en la formulación de cargos”, refiere.

¿Qué se investiga en el caso Nene?

El caso se enmarca en la investigación por tentativa del delito de oferta de tráfico de influencias que involucra a Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta. Un audio confirmaría la versión del denunciante ante la Fiscalía, Rommel P., de que le pedían dinero a cambio de un cargo público. El caso judicial fue bautizado como Nene.

En el audio judicializado, Sebastián B. y Rommel P. hablan sobre pagos acordados y que estos debían ser cancelados antes del feriado de carnaval, de los meses de diciembre y enero.

Rommel P. recibía un sueldo de $ 2.800, con el descuento respectivo del aporte al IESS de $ 375, pero tenía que entregar $ 2.600 a Sebastián B., por lo que de su sueldo le quedaban $ 200. En el diálogo pactan que se tomen $ 500 para poder solventar los gastos e incluso hablan de que no fue posible un cargo en Israel, porque se necesitaba de un título de tercer nivel.

Francisco Sebastián B. A. fue detenido el 22 de marzo de 2024 en su estudio de abogados localizado en el centro histórico de Cuenca. En esa ciudad, la Policía y la Fiscalía realizaron otro allanamiento, al igual que en Quito, todo bajo el caso al que se denomina Nene.

Al día siguiente fue remitido hasta La Roca, pues se le ordenó prisión preventiva luego que el fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, le formuló cargos como presunto autor directo del delito de oferta de tráfico de influencias.

El pasado 7 de mayo, Sebastián B. A. dejó la cárcel de máxima seguridad La Roca luego de ejecutarse la caución de $ 20.000 y por disposición de la jueza de Garantías Penitenciarias de Guayaquil María Fernanda Castro Angos se emitió la boleta de excarcelación. Con ello, el involucrado en el caso Nene podrá defenderse en libertad. (I)