El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto el archivo de la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, excandidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en contra del titular de la entidad Alembert Vera y Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), por el presunto cometimiento de una infracción electoral.

Guarderas, que preside la Fundación Lucha Anticorrupción, celebró la decisión del pleno del TCE emitida el 29 de mayo. A través de un video en redes sociales, explicó que se plantearon juicios “porque hubo candidatos (al CPCCS) que ganaron gracias al apoyo de partidos políticos”, lo cual está prohibido.

En el video aparece una publicación del expresidente Rafael Correa, que posteó una imagen de la papeleta electoral con la fotografía de Alembert Vera y la casilla en la que se ubicó.

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La denuncia fue interpuesta el 6 de abril con base en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia, el cual establece que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

En este caso, la infracción por la que se denunció a Vera y Aguiñaga es por incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o las sentencias del TCE.

Según Guarderas, los dos incumplieron una resolución del CNE que prohíbe que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana sean promocionados por organizaciones políticas, ya que en distintos espacios y plataformas digitales Marcela Aguiñaga y el expresidente Rafael Correa, máximos dirigentes de la Revolución Ciudadana, promocionaban la candidatura de Vera y otros postulantes.

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La causa fue archivada el 3 de mayo por el juez Guillermo Ortega, por falta de legitimación activa por parte del denunciante, por no notarizar normas.

Sin embargo, Esteban Guarderas apeló y el pleno del TCE, tras el análisis respectivo, resolvió acoger la apelación y devolver el expediente al juez para que analice y resuelva respecto del cumplimiento o no de los demás requisitos requeridos para la admisibilidad o no de la denuncia.

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Desde el punto de vista del denunciante, si se llega a un juicio y el TCE le da la razón, tanto Alembert Vera como Marcela Aguiñaga -prefecta del Guayas- podrían ser destituidos de sus cargos. “Es lo que corresponde, porque si las personas se pasan por encima de la ley, lo que corresponde es que se les aplique la sanción”, dijo Guarderas. (I)