Sentenciados por el intento de magnicidio contra Rafael Correa esperan que jueces de la Corte Nacional pongan fin a once años de una ‘farsa’

“Espero que los señores jueces revisen minuciosamente el caso. Confío ahora en la justicia, en que ya no se imponen las cosas, confío en que ya no hay esas órdenes de arriba para que tomen esas decisiones. Lo único que pido es que revisen minuciosamente todos los documentos y todo lo que se ha dicho en la audiencia (de revisión). Pienso que ellos (los jueces) van a actuar con profesionalismo, en ley, y vamos nosotros a salir inocentes”.

Ese es el deseo que tiene Eduardo Mullo, un agente de Policía que fue dado de baja luego de ser sentenciado a doce años de cárcel por el delito de intento de magnicidio contra el entonces presidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 o 30-S. Mullo pasó seis años de su vida por este caso en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.

El próximo martes se conocerá la decisión sobre los recursos de revisión presentados por cinco sentenciados por la tentativa de magnicidio contra Rafael Correa

Mullo, al igual que sus excompañeros policiales Luis Guanotasig, Geovany Laso, Jesús Jetacama y Marcelo Bonifaz plantearon en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) un recurso extraordinario de revisión para que se revierta la condena de doce años que recibieron todos por supuestamente intentar matar al exmandatario que hoy vive en Bélgica.

La audiencia de revisión se dio el 16 de noviembre pasado ante los jueces nacionales Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera. Ese día y luego de cuatro horas de audiencia, los integrantes del Tribunal decidieron suspender la audiencia y entrar en una etapa de deliberación antes de dar a conocer, mañana 23 de noviembre, la decisión oral a la que llegaron.

“Soy una víctima del 30-S. Fui sentenciado a doce años, pasé seis años en la cárcel por un delito que no cometí. Desde un inicio he dicho y lo volví a repetir en la audiencia de revisión: por una fotografía en la cual después de los peritajes determinaron que estoy en una actitud pasiva, contemplativa, sin uniforme, sin pistola, me llegan a dar una sentencia de doce años”, explicó Mullo, quien aseguró que la sentencia no solo le hizo perder su trabajo, sino que separó a su familia e incluso su madre sufre hoy de una neuritis crónica.

Óscar Ayerve, parte del colectivo ciudadano Asociación de Víctimas del 30-S, califica al proceso judicial por intento de magnicidio contra Correa como una “farsa”. Para ello recuerda lo dicho por funcionarios de esa época, quienes habrían señalado que se usaron fondos públicos de la Senain y la Comisión 30-S para adulterar videos, evidencias, peritajes, que utilizaron el poder del Estado y que, en definitiva, el 30-S fue una farsa para poder victimizar a Rafael Correa.

Eduardo Mullo sostiene que es injusto que en el gobierno de Rafael Correa, fiscales y jueces hayan armado todo esto para tomarlos a ellos como chivos expiatorios y sentenciarlos sin importarles que no había pruebas contundentes. “Ellos saben que todos los sentenciados somos inocentes, porque los peritajes internacionales que ellos mismo contrataron lo dicen”.

Tanto Guanotasig, Laso, Mullo y Jetacama han insistido en que en el procesamiento que terminó con su sentencia de doce años existió una “metida de mano en la justicia”. Los cuatro, el 16 de septiembre de 2019, presentaron una denuncia contra Correa y quince operadores de justicia (jueces y fiscales) que habrían participado en la adulteración de evidencias, videos, testigos e incluso en el que se les haya pedido a ellos que inculparan a otras personas.

Ayerve reveló que la Asociación de Víctimas 30-S próximamente va a entregar un informe global integral en el que se incluyan todos los casos en los que en los últimos años se ha declarado libres e inocentes a personas investigadas. Según él, si en este caso por intento de magnicidio se declara inocentes a los procesados ya serían 160 los casos en los que ha sucedido lo mismo dentro de la trama 30-S.

“Nosotros estamos absolutamente seguros y convencidos de que el próximo martes 23 de noviembre serán declarados inocentes y este caso tendrá una réplica vital para todos los demás casos 30-S en el país”, aclaró Ayerve, quien sostiene que en audiencia de revisión se demostró que dos de los procesados ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos, que ellos no estaban armados y que no había ninguna posibilidad de que pudiera realizarse un disparo contra Rafael Correa, esto basado en pericias realizadas y presentadas en la diligencia.

Respecto al indulto que les plantearon, Mullo recordó que la propuesta vino de parte del fiscal Gustavo Benítez que llevaba el caso, del exdirector de la Cárcel donde permanecieron y hasta del propio expresidente Rafael Correa.

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A decir de Eduardo Mullo, el fiscal Benítez, luego de la audiencia en la que los sentenciaron a doce años, él le habría dicho personalmente que hablara con sus compañeros para que se acogieran al indulto, que esa era la única salida y que el fiscal solo recibía órdenes. Luego habría ido el propio presidente Correa a la cárcel e igual, “prepotente como era, sonando los dedos”, les habría dicho: “La única salida de ustedes es el indulto y si no se quedan presos”.

Mullo es claro en decir cómo él podía acogerse a un indulto si no cometió un delito y no intentó nunca matarle al presidente Correa. “Yo soy inocente y eso con la bendición de Dios saldrá a la luz”.

En esa misma línea, Ayerve apuntó que fue impresionante que los jueces escucharan a viva voz que el primer fiscal del caso les pidió sobornos a los investigados y que tanto el fiscal como otros delegados del presidente Correa les habían ofrecido un indulto para que aceptaran que eran culpables, que habían cometido el delito.

A decir de Ayerve, si se declaraban culpables del intento de magnicidio, los policías iban a ser beneficiarios de una serie de prebendas, pasaportes diplomáticos con dinero y recursos, $ 150.000 para que pudieran admitir la culpa. Por ello, destaca que no lo hicieron, que se quedaron en la cárcel y aseguraron que no habían cometido el delito y que eran inocentes.

Para las 08:00 de este martes, los jueces de la Corte Nacional Guillén, Macías y Rivera convocaron a las partes para dar a conocer la decisión a la que llegaron, de si existe o no el delito de intento de magnicidio y si quienes solicitaron el recurso extraordinario de revisión fueron o no parte de ese delito. (I)