Sentencia que sanciona al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por violencia política todavía no está en firme y puede ser apelada

La sanción económica y medidas de reparación integral impuestas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, por incurrir en violencia política de género, no están en firme y pueden ser apeladas para resolución de última instancia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El 19 de agosto de 2024, la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo Zurita interpuso una denuncia en el TCE por violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La motivó un mensaje que escribió Alvarez en su cuenta de X, el 16 de julio, que decía: «Pobrecita esta niña y toda esa bancada. Fiscalicen lo de la barcaza Karpower mejor. Pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo. Sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías, en Fiscalía nos vemos».

Y añadió: «Guardaremos todos estos videos y a todos los voceros del Gobierno para una repetición en el futuro después de tanto desprestigio. Todo será materializado. Niña vaga, que mientras fue del PSC pasó vagando en el Municipio de Guayaquil, ella y su hermana. Fiscalicen lo que quieran. También deberían fiscalizar a ministros y funcionarios de su gobierno que con sueldos mínimos tienen zapatos de $ 2.000 y relojes de $ 25.000. Carteras de $ 7.000 y vestidos de $ 3.000. ¿De dónde sacan esos recursos? Fiscalícense ustedes también, vagos sabidos y pillos. Asimismo, fiscalicen a las empresas que no pagan impuestos, que facturan millones y estafan al Estado. Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible. Dejen de vender humo, peor con una vocera TURRA como esta niña que no sabe de combustible. Son una porquería. Los espero en Fiscalía, confío en la justicia objetiva. Sin miedo».

El conflicto surgió por una serie de denuncias que develó la legisladora Jaramillo en las que acusa a Alvarez, sus hermanos y su negocio de gasolineras Codepesa, por el supuesto delito de comercio irregular de combustibles.

Después de tres meses de análisis, el juez electoral a cargo de la causa, Fernando Muñoz Benítez, emitió su fallo la noche de este 6 de noviembre, en el que concluyó que Alvarez incurrió en la infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 279 del Código de la Democracia, relacionada con violencia política de género.

Como sanción le impuso una multa de 21 salarios, equivalente a $ 9.660, que deberá pagarlos en un plazo de seis meses.

Adicionalmente, dictó cuatro medidas de reparación y satisfacción para la accionante y que deberán cumplirse una vez que la sentencia esté ejecutoriada. Entre estas, el alcalde no podrá:

• Publicar por ningún medio ningún tipo de comunicación (mensajes) que aluda a Lucía Lizbeth Jaramillo Zurita.
• En un plazo máximo de diez días, el denunciado deberá eliminar de su cuenta de la red social X el mensaje publicado el 16 de julio de 2024.
• Ofrecer disculpas públicas a Lucía Jaramillo, en la cuenta de la red social X, dentro del plazo máximo de diez días. Este mensaje debe permanecer publicado y fijado en dicha cuenta por el periodo de 30 días y dirá: “En cumplimiento de lo dispuesto en sentencia dictada dentro de la causa n.º 164-2024-TCE sustanciada ante el Tribunal Contencioso Electoral, ofrezco disculpas a la abogada Lucía Lizbeth Jaramillo Zurita por el mensaje publicado en esta red social el 16 de julio de 2024. En adelante me comprometo a no emitir comentarios que vulneren derechos o que dichas publicaciones causen situaciones de violencia política de género; esto en favor de la equidad, igualdad y la democracia”.
• Como medidas de no repetición, deberá acudir en el plazo máximo de 60 días a cualquier centro de capacitación u organización similar para que reciba 20 horas de curso sobre sensibilización contra la violencia de género.

Estas medidas son de primera instancia y el alcalde y su equipo de defensa tienen tres días para presentar un recurso de apelación al fallo, antes de que se ejecute.

El pedido será resuelto por el pleno del TCE, en el que pueden ratificar lo actuado por Muñoz o cambiar de opinión.

Previamente, las partes procesales pueden interponer recursos horizontales, como es el de aclaración y ampliación de la sentencia.

Por otra parte, el alcalde enfrenta otra denuncia por presunta violencia política de género que la interpuso la concejala del Municipio de Guayaquil Ana Chóez Vergara y que también la tramita el juez Fernando Muñoz. (I)