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El organismo indicó que la propuesta busca fomentar una participación igualitaria y contribuir a la construcción de espacios democráticos libres de violencia.
La resolución corresponde a una denuncia presentada por Janeth Albuja, concejala alterna de Diego Garrido.
Se trata de una denuncia por violencia política, cuya sanción es multa y la suspensión de los derechos políticos por un año.
La concejala analiza buscar la reelección y sostiene que el fallo marca un precedente para las mujeres en política en Ecuador.
Entonces, ¿aplicamos o no aplicamos la legislación contra la violencia política de género? El país debe ser fiel al ordenamiento legal, cuando corresponde.
La exvicepresidenta de Avanza impulsó la denuncia a inicios de mayo y acusó a Orti de, supuestamente, haber incurrido en una infracción electoral grave.
“La sentencia tiene una falta de argumento profunda y busca un fin electoral”, dijo la autoridad.
La sentencia fue emitida en primera instancia, por lo que el alcalde de Cuenca aún puede presentar un recurso de apelación ante el TCE.
El artículo 280 del Código de la Democracia sanciona con multas y hasta la destitución del cargo en casos de violencia política de género.
El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda.
El legislador Comps Córdova sostiene que Castillo ha convertido el insulto en su principal herramienta de “debate”.
El incidente ocurrió cuando diputadas del PAN tomaron la tribuna en protesta por presuntos incumplimientos de acuerdos de Morena, mayoría en el congreso local.
El joven político, parte de una importante familia de Colombia, aspiraba a competir en las elecciones de 2026. Su muerte revive el fantasma de la violencia.
La sentencia que negó la denuncia de Diana Jácome contra Verónica Abad quedó en firme, por lo que el TCE dispuso su ejecutoría
Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sanción por violencia política de género, tras la denuncia que planteó Elsa Guerra.
En primera instancia, Schettini y Angélica Porras fueron sancionadas por violencia política por una denuncia de la fiscal Diana Salazar.
Gissella Molina dice que son dos denuncias contra Lourdes Tibán, una por violencia política de género y la otra por usar bienes públicos en campaña electoral
También se le ordenó que le ofrezca disculpas públicas y que vaya a un curso de sensibilización en violencia política de género.
El Tribunal Contencioso Electoral archivó la denuncia presentada por Manuel Peñafiel, adherente del movimiento ADN.
La vicepresidenta presentó una acción extraordinaria de protección para que se trate su denuncia en contra de Daniel Noboa y otros.