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Seis exdirectores del Isspol y el empresario Jorge Chérrez, entre los acusados como autores del delito de peculado en el caso Isspol-Bonos

El fiscal Álex Castillo pidió a la jueza Irene Pérez llame a juicio a ocho de los procesados como autores y a otros dos como coautores del delito de peculado.

Quito. 21/07/2023. El fiscal Álex Castillo es quien acusó a los diez procesados por el delito de peculado dentro del caso Isspol-Bonos. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo

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Finalmente y luego de cinco días de intervenciones, el fiscal Álex Castillo pidió a la jueza penal de Pichincha Irene Pérez que emita un auto de llamamiento a juicio contra los diez procesados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Durante este tiempo, Castillo fundamentó su dictamen acusatorio en calidad de autores contra el empresario Jorge Chérrez; los generales (SP) y exdirectores del Isspol Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Domínguez, representante legal de Ventura casa de Valores y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A.

La Fiscalía también presentó su acusación como coautores del delito de peculado contra Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y Carlos Carbo Cox, también funcionario del Decevale.

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Los diez, para la Fiscalía, serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol, con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura, y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. Según la acusación, el pacto de recompra de bonos global se habría dado sin ninguna garantía.

“Diez personas que ocuparon altos cargos de dirección, tanto en Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional como en empresas de inversiones y casas de valores, habrían causado un perjuicio económico de $ 188´363.537,51 a la seguridad social de la Policía ecuatoriana”, señaló el fundamento del dictamen acusatorio de la Fiscalía.

Desde el 10 de julio pasado, la jueza Irene Pérez lleva adelante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en este caso. La diligencia se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió inicialmente la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no había podido ser reinstalada.

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Castillo asegura que, con los elementos presentados en audiencia, la Fiscalía cuenta con una base sólida sobre los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019. El ente acusador sostuvo que en este proceso penal se violentó un bien jurídico protegido una vez que los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en la comisión del delito.

Una visión distinta de la acusación la tiene Ramiro Román, abogado de Luis Domínguez. Para él, la Fiscalía ha dado elementos en los que no se revela un peculado, principalmente en los diferentes verbos que ha manifestado. Como defensa revisarán la acusación hecha y la contestarán en audiencia. Desde las 09:00 de este viernes, 21 de julio, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se reinstaló en su sexto día la audiencia preparatoria de juicio.

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Pericias contables, financieras y de flujo son parte de las 121 pruebas documentales que la Fiscalía anunció que presentará en una eventual audiencia de juzgamiento. Además, en esa etapa Castillo utilizará al menos 70 pruebas testimoniales y periciales.

El fiscal Castillo en la exposición de su teoría detalló cada una de las actas donde constan las operaciones de inversión que realizó el Isspol, a través de la comisión técnica y sus directivos, con las empresas que recibieron las inversiones del Instituto, causándole, dijo, un perjuicio económico millonario.

A esto se sumó el contenido de la Asistencia Penal Internacional con Estados Unidos. En este documento constarían chats de mensajería instantánea mantenidos entre algunos de los procesados. En dichos mensajes se evidenciaría la coordinación para ejecutar las operaciones de inversión.

“En el caso Isspol se hizo todo lo contrario: los valores no constan en el catastro público, hay contratos por 300, 700 y más días, el supuesto custodio (que no tenía autorización legal) era Decevale, pero subcontrató a ICS, empresas de Jorge Chérrez Miño. Así de grosero fue el atraco”, escribió en su cuenta personal de Twitter el actual director del Isspol, coronel Renato González. (I)

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