Entre gritos, roses y apelaciones, la Comisión de Fiscalización inició este 18 de abril la fase de evacuación de la prueba en el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado por un contrato entre Flopec EP y Amazonas Tanker Pool.

El primer testigo en comparecer fue el ex secretario, Luis Verdesoto, quien al ser interrogado por Edgar Neira, abogado del primer mandatario, afirmó que en las fichas de prevención de corrupción en las empresas públicas del Estado, incluidas en su informe y que fueron entregadas al presidente Guillermo Lasso, no tenían una referencia al contrato suscrito entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, materia investigación en el juicio político.

Insistió que en el acápite correspondiente a Flopec EP, respecto a las fichas de prevención de corrupción, de ningún modo se refiere de forma precisa al contrato con Amazonas Tanker, que “el criterio es abarcativo y general, por eso el primer elemento que plantea las fichas de riesgo de la corrupción, son sobre el tipo de contratos y la forma en que se celebraron, (…), yo no analicé ningún contrato, yo analicé contratos básicamente eléctricos que eran, en ese momento, la principal fuente de trabajo”, reiteró.

También ratificó su convicción respecto a la calidad moral del presidente, Guillermo Lasso Mendoza, pero que esa convicción no puede hacer extensivo a ninguna otra parte del Gobierno.

Al primer día de comparecencias se invitó también a Hugo Aguiar, ex gerente de Petroecuador, Anderson Boscán del portal La Posta y Fabián Pozo, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República. Tanto Aguiar como Boscán, no se presentaron.

Sesión

A la sesión de la comisión que se instaló a las 15:50, acudieron a más de los integrantes de Comisión de Fiscalización los cuatro legisladores solicitantes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). También participaron Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, y el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, entre otros.

El salón del ex senado se llenó al inicio de la sesión, y estuvo crispada por altercados entre los representantes del correísmo y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que fue apelada su presidencia por parte del asambleísta, Roberto Cuero, cuando empezó el interrogatorio al primer invitado, Luis Verdesoto, ex secretario nacional Anticorrupción.

Cuero apeló a Villavicencio por faltar atribuciones como presidente de la comisión, la moción tuvo seis votos, incluido el del apelado. Villavicencio no podrá volver a presidir la sesión mientras no se cierra la sesión instalada este 18 de abril.

Los altercados se presentaron en la fase de preguntas al ex secretario Anticorrupción que cuestionaron la conducción de la sesión de Villavicencio y pedían modular la sesión, mientras que la legisladora Viviana Veloz (UNES), reclamaba a gritos la lectura de la normativa sobre el procedimiento.

Durante la exposición inicial de Luis Verdesoto, mostró los resultados de una investigación que realizó a las empresas públicas del Estado, y al referirse a Flopec, dijo que la empresa no cuenta con un sistema de rendición de cuentas, carece de procesos y procedimientos documentados que permitan llevar una operación ordenada y oportuna de los buques de carga.

Señaló que persiste una amplia discresionalidad en la designación de directivos sin experiencia y preparación de una empresa como Flopec, que ejerce el monopolio de facto en el transporte de crudo y sus derivados.

Que la empresa pública encargada del transporte de hidrocarburos, continuó, no cuenta con un proceso sistemático de rendición de cuentas, aunque está sujeta a la observación de la Contraloría del Estado y además contrata empresas de auditoría externa; sin embargo, se conoció que Flopec cuenta con cuatro subsidiarias en el exterior, que no rinden cuentas al Estado ecuatoriano sobre los ingresos, gastos y manejo empresarial.

Dijo que también se advirtió de la posible existencia de conflictos inter empresariales entre Flopec y Petroecuador, entorno a la claridad para la determinación de las tarifas del transporte.

El exsecretario Anticorrupción mostró una ficha de 20 riesgos de corrupción de Flopec EP, y que consta en su informe de gestión realizado entre el mayo de 2022 a 31 de diciembre del mismo año.

Premisas falsas

El ex secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, defendió la actuación del primer mandatario en el caso Flopec EP y Amazonas Tanker.

Pozo, fue el segundo en comparecer ante la mesa de fiscalización en calidad de testigo solicitado por los asambleístas acusadores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado del bloque ID). Ellos sostienen que el primer mandatario participó en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo.

Fabián Pozo, señaló que al presidente de la República, Guillermo Lasso, se lo acusa por un contrato firmado en el 2018 y renovado en el 2020, cuyas supuestas irregularidades en la administración de Flopec fueron denunciadas por el actual Gobierno en el 2021, sobre el cual la Contraloría emitió un examen con recomendaciones que fueron aplicadas integralmente y que generaron utilidades por más de $180 millones en una empresa que venía registrando pérdidas en los gobiernos anteriores.

El ex funcionario insistió que las acusaciones y premisas son absolutamente falsas, pues dijo que es falso sostener que el Presidente Guillermo Lasso, concentró poderes en la EMCO a través del Decreto Ejecutivo 163, porque la ley de Empresas Públicas reformada en la administración de Rafael Correa, en su artículo 7, se estableció la conformación del directorio de las empresas públicas disponiendo que el presidente de EMCO sea el presidente de su directorio.

También dijo que es falso que el presidente Guillermo Lasso, haya cambiado la conformación del directorio de EMCO, pues jamás emitió un Decreto que modifique su integración, ya que la conformación de ese directorio fue establecida en el Decreto 1051, del 14 de mayo de 2020, en el gobierno de Lenin Moreno.

Igualmente, dijo que es falso que Hernán Luque Lecaro, gerenciaba las empresas públicas, porque la presidencia de EMCO es distinta de la gerencia y ésta a su vez es distinta de los directorios de cada empresa pública.

Dijo que el primer mandatario, conforme el artículo 7 de la ley, tiene la obligación de nombrar un delegado a su directorio, que lo preside, pero no nombra al gerente.

Respecto al informe de la Contraloría del Estado que dectectó un perjuicio de $6 millones en el contrato de Amazonas Tanker con Flopec, Fabián Pozo, afirmó que es falso también porque la Contraloría no recomendó terminar ningún contrato, tampoco estableció ningún tipo de responsabilidad penal y el examen lo hizo sobre un contrato suscrito y ejecutado en un periodo presidencial anterior.

Lo que hizo la Contraloría, sostuvo, fue recomendaciones sobre el control de ingresos para una evaluación técnica que fueron acatadas e implementadas y se pueden ver en los resultados positivos que tiene la empresa pública Flopec. Finalmente, aseguró que es falso que Flopec firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker, en julio de 2022. La sesión se suspendió a las 20:10. (I)